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24/10/2014
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AUGC reclama ante la Defensora del Pueblo que la Dirección General ignora la nulidad del RAI
AUGC reclama ante la Defensora del Pueblo que la Dirección General ignora la nulidad del RAI
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha formulado una queja formal ante la Defensora del Pueblo respecto a la nulidad de la norma por la que se rige la Guardia Civil para abonar los incentivos al rendimiento del personal de Tráfico, el conocido como RAI.

Para ello ha presentado una notificación por escrito en la que alude a la sentencia dictada el pasado mes de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la cual se estimaba el recurso promovido por los servicios jurídicos de AUGC. La causa de estimación y con ello, de anulación de la resolución recurrida establecía la nulidad del RAI dado que “debió remitirse tanto al Consejo de la Guardia Civil como a las asociaciones representativas pues regulaba aspectos profesionales, al objeto de que ambos pudieran cumplir con sus obligaciones y derechos previstos en la Ley 11/2007”.

En su escrito a la Defensora, AUGC recuerda cómo, a pesar del contenido de la citada sentencia, que resulta clara al declarar nula la citada norma por no haber pasado por el Consejo, lo cierto es que la Dirección General de la Guardia Civil se niega a anular la citada norma, alegando que la sentencia se basaba en una norma aprobada en el año 2010 y que la actual es posterior (criterio expresado en el pleno del Consejo del mes de junio del presente año).

Tal excusa carece de sentido pues la norma actual (casi idéntica a la que regía cuando se interpuso el Contencioso), tampoco ha pasado el trámite del Consejo y por ello, de tener que acudir a otro contencioso la sentencia no solo sería nuevamente favorable, sino que originaría la condena en costas al Estado, pues se dan las mismas circunstancias para dejar sin efecto la mencionada instrucción.

Así, en los últimos meses diversos mandos, ha remitido notificaciones donde, bajo la excusa del bajo rendimiento, valorados mediante el RAI, será propuesto para no cobrar productividad.

Esto supone que, la administración, a pesar de conocer la falta de valor legal de la citada instrucción, dado que al igual que la anterior, no ha pasado por el Consejo de la Guardia Civil, continúan remitiendo notificaciones por escrito que deben firmar los interesados al ir dirigidas a ellos, donde se les amenaza con perder productividad al no llegar a los porcentajes que recoge esa norma que carece de valor legal.

Tercero. La administración pública ha de regirse por unos principios de actuación, entre los que destacan, el principio de legalidad, objetividad, y de buena fe.

Con el asunto planteado –recuerda AUGC en su escrito a la Defensora del Pueblo-, resulta evidente que la Guardia Civil está faltando a dichos principios pues, aun siendo consciente de que el actual RAI no ha pasado por el Consejo de la Guardia Civil y que con ello, y conforme la Sentencia que se adjunta, resulta una norma nula a todos los efectos, continúa utilizando la misma para amedrentar a los agentes y obligarles a que aumenten el número de denuncias bajo la amenaza de ser propuestos para la pérdida de productividad.

Para ello, no duda en darle visos de legalidad con notificaciones por escrito que deben ser firmadas por los agentes. Por lo expuesto, AUGC ha formulado la citada queja para la Defensora solicite de la Dirección General de la Guardia Civil el cese del uso de esta clase de prácticas abusivas y claramente intimidatorias y que cumpla con los principios que deben regir en cualquier departamento de la Administración Pública.

AUGC BADAJOZ TAMBIÉN RECLAMA POR EL RAI

En la misma línea de la reclamación de AUGC a la Defensora del Pueblo, AUGC Badajoz también ha denunciado ante la opinión pública que en el Subsector de Tráfico de Badajoz los jefes siguen haciendo caso omiso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la sentencia de Mayo de 2014 del mismo, en la cual anulaba la norma que regula el RAI.

En cuatro ocasiones, tres en el Destacamento de Mérida y una en el de Zafra han amenazado a los agentes con proponerles para la pérdida del complemento de la especialidad.

El modo empleado para burlarse del Tribunal es el siguiente: Los oficiales del Subsector de Tráfico siguen aplicando el sistema RAI, que mediante la suma de actividades en la que más puntúa es la denuncia, al final de cada mes, hayan la media de cada Grupo funcional (transportes, radar, motoristas, atestados, oficinistas, etc) y estando por debajo de la media un -14,63% se considera que se ha tenido una escasa actividad, rendimiento, dedicación extraordinaria así como interés e iniciativa. A continuación se elabora un comunicado que el interesado debe firmar como enterado, en el que se le informa sobre su bajo rendimiento para que modifique su actitud ante el servicio, tratando de mejorar su rendimiento personal así como su interés e iniciativa y que de continuar el bajo rendimiento se le propondrá para la pérdida de complementos y productividad.

En uno de los preavisos recibidos no se especifica a que mes se refiere y el agente contesta el escrito al oficial, solicitando ser informado en que mes y parámetros se desvía del resto de sus compañeros, estimando que pudiera ser solo en el número de denuncias ya que en los meses anteriores ha tenido que prestar servicios fuera de su Grupo, reforzando atestados, radar, ha estado de vacaciones y realizado jornadas de formación. El oficial le confirma que el parámetro sobre el cual tiene bajo rendimiento es en el número de denuncias.

En otro de los preavisos, el Grupo funcional de Transportes solo tiene dos componentes, por lo que si uno de ellos realiza su trabajo de forma compensada atendiendo por igual a todas las funciones que realiza un Agente de Tráfico, independientemente de que su Servicio se encamine al control del transporte, y el otro lo realiza de forma  descompensada dando prioridad solo a las denuncias, al ser las denuncias de transporte, el parámetro que más puntúa, obliga a su compañero a competir en denuncias o lo convierte en un mal  trabajador.

AUGC-Badajoz ha informado a la Comisión de Tráfico y al Consejo de la Guardia Civil de esta circunstancia y  denuncia públicamente que algunos mandos no acaten la sentencia y sigan aplicando de forma injusta, esta norma.


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