Los primeros que apostaron por la modernización de la Guardia Civil fueron, precisamente, los guardias civiles de base. Ellos protagonizaron, junto a un grupo de policías, todavía armados, del viejo régimen, una sonada e histórica manifestación el 17 de diciembre de 1976, en Madrid. Habrán de transcurrir más de treinta años cuando otra manifestación, esta legal pero en un contexto muy conflictivo, reúna por segunda vez a policías y guardias civiles en lucha sindical por sus derechos laborales. Fue el 18 de octubre de 2008.

Aquella acción reivindicativa del invierno de 1976 se enmarca, claramente, en la efervescencia política y social de aquel entonces. Sin embargo, que alcanzase a miembros de los llamados cuerpos represivos de aquel Estado, todavía netamente enclavados en sus estructuras franquistas, no deja de ser absolutamente destacable. Detengámonos, pues, en esta acción por cuanto además nos permite acercarnos, de verdad, a lo que pensaban y reclamaban los guardias civiles de carne y hueso.

Como ya hemos señalado el 17 de diciembre de 1976, según el diario El País, cuatrocientos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre guardias civiles y policías, vestidos de paisano, se concentraron, a las once de la mañana, en la plaza de Oriente de Madrid y, tras celebrar una asamblea, se dirigieron en manifestación hasta las puertas del Ministerio de la Gobernación. La prensa del día siguiente recogió las reivindicaciones de aquella concentración-manifestación:

1. Aumento lineal de diez mil pesetas dado que actualmente perciben un sueldo base de siete mil ciento veinticinco pesetas que, con los descuentos preceptivos, se quedan en unas cuatro mil pesetas. Piden que estas percepciones no queden nunca por debajo del salario mínimo.

2. Ser acogidos en el régimen de la seguridad social a partir de enero de 1977.

3. Igualdad con la misma base en la percepción de trienios, sin diferencia de escalas ni categorías.

4. Cien por cien del salario real al llegar a la jubilación.

5. Revisión del sistema de permisos. Actualmente no tienen vacaciones y hacen servicios de hasta cuarenta y ocho horas. Piden que se abonen como extraordinarias las horas que se hagan de más en el servicio.

6. Revisión del reglamento de 1930 en el que se les conceptúa como soldados y no como profesionales del orden público.

7. Que no haya represalias por estas peticiones.

Estas peticiones aparecieron en varios diarios. Uno de ellos, el valenciano Las Provincias relato de este modo el final de esta pionera actividad reivindicativa: “acudieron al lugar de los hechos fuerzas de la Policía Armada equipada con material antidisturbios pero no llegaron a actuar y a requerimiento de sus oficiales se retiraron. Uno de los manifestantes, a través de un megáfono, pidió a sus compañeros que se portaran correctamente y se disolvieran, pero los manifestantes insisten en no abandonar el lugar hasta ser recibidos por el ministerio. De este modo permanecieron sin ser recibidos durante tres horas ante el Ministerio de la Gobernación. Los manifestantes reclamaron la dimisión de Martín Villa y según las fuentes se produjeron algunos incidentes entre manifestantes y los jefes que intentaban disuadirles”.

Según el Diario El País, “para los convocantes sus reivindicaciones son esencialmente laborales. Entre ellas se incluye el deseo de ser considerados profesionales del orden publico y no soldados” .

Veamos cómo Julián Delgado, un ex-policía armado que, posteriormente, ingresó en la Guardia Urbana de Barcelona, cuenta en su libro Los grises, víctimas y verdugos del franquismo los pormenores de esta histórica manifestación: «El 6 de diciembre de 1976, un grupo de policías armados y guardias civiles decidieron reunirse en la Casa de Campo de Madrid y acordaron llevar a cabo una manifestación en la vía pública, fijando la fecha del día 17 de ese mismo mes. Algunos componentes de sindicatos de clase, que también asistieron, presionaron para que se realizara el día 15, haciéndola coincidir con el referéndum convocado por el Gobierno para aprobar la reforma política del Estado.

Desde el día siguiente se dieron consignas por las radios de los vehículos policiales de forma constante: “Todos a la Plaza de Oriente, día 17 a las 12 horas”. Los organizadores sabían lo que se jugaban, estaban sometidos a la disciplina castrense y un acto semejante podría ser considerado como rebelión militar. No obstante, se apreciaba una gran determinación por parte de los organizadores. El día D a la hora H, los policías comenzaron a llegar a la plaza en gran número; los oficiales que, de servicio, fuero a intentar controlar la situación o, al menos, a tomar buena nota de las posibles faltas o delitos que pudieran cometerse, no daban crédito a lo que estaban viendo. Se organizaron en asamblea y eligieron a dos vocales representativos, uno por cada uno de los Cuerpos. A continuación se leyó un manifiesto y, acto seguido, partieron en manifestación cruzando Madrid, hasta llegar frente al Ministerio de la Gobernación. Allí, jefes y oficiales, la mayoría de la cercana Inspección General de Policía Armada, intentaron por todos los medios abortar la manifestación enfrentándose a los líderes y manifestantes que más se destacaban. Lo consiguieron con algunos, que abandonaron al tomar conciencia de lo que se estaba produciendo, pero no con la mayoría, que persistió de forma violenta en actos contrarios a la disciplina y al Código de Justicia Militar como empujones a superiores, insultos, desobediencia, etc.

El general Chicharro, persona de una extraordinaria calidad humana, llevado por su personalidad vehemente, convencido de que, siendo el de mayor graduación, le correspondía dar la cara, e incapaz de tolerar un espectáculo como aquel protagonizado por profesionales sujetos a disciplina militar, intentó frenarlo –en un alarde de valor no exento de irracionalidad– lanzándose contra los manifestantes, pistola en mano. Fue agredido por un policía, que le tiró al suelo, produciéndole un fuerte hematoma en la cara: un acto claro de agresión a un superior dentro de un acto de rebelión militar. El general se levantó y ordenó a una CRG y a una sección de Caballería que se encontraba de servicio en el lugar que cargaran contra los manifestantes. No le obedecieron, y se quedaron en su lugar, en actitud pasiva.

Hubo una buena documentación gráfica, y no gracias a los funcionarios del Cuerpo General, que entregaron sus carretes velados o con fotografías desenfocadas, sino a las que obtuvo el servicio de información de la Policía Armada. Sirvieron para identificar a numerosos participantes, a sus dirigentes y agresores. Todos fueron detenidos e interrogados. En la cárcel de Soria, habilitada como prisión militar, y en diversos calabozos de cuarteles militares, ingresaron 280 policías y guardias civiles. Fueron juzgados y condenados 240 por los delitos de sedición e insultos a superior, 14 de ellos fueron expulsados. Fueron cesados el director general de Seguridad, Rodríguez Román, y el director general de la Guardia Civil, Ángel Campano».

Efectivamente, dicha acción desató una primera oleada de represalias con doscientos guardias civiles detenidos, interrogados “con malos tratos” y posteriormente expedientados. Cincuenta de ellos fueron expulsados del Cuerpo aunque, con la tramitación de recursos contenciosos administrativos, algunos pudieron reingresar una década después tras sentencias favorables.

“La manifestación de la Seguridad Social ” como ha pasado a denominarse esta primera acción reivindicativa protagonizada por miembros de la Guardia Civil y la Policía, marca un hito fundamental por cuanto significa el nacimiento de una corriente que cada vez será mayor en estos Cuerpos policiales, cuyos agentes empezaban a organizarse para conseguir un modelo policial democrático.

Las medidas disciplinarias, aplicadas con dureza, aquel invierno desde la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC), pretendían no sólo sancionar a las personas que participaron en la concentración sino acallar cualquier inquietud reivindicativa interna. Así, se expedientó, por ejemplo, a los ochenta funcionarios que trabajaban en la imprenta del Cuerpo y que habían tenido la osadía de reivindicar una jornada laboral acorde a su condición de linotipistas, redactores o impresores.

Como ha señalado el profesor Manuel Ballbé estas medidas represivas silenciarían por bastante tiempo cualquier movimiento democrático en el seno de los Cuerpos policiales militarizados y ello demostraba, de nuevo, que la responsabilidad del mantenimiento de un modelo autoritario en la Policía no recaía en los agentes de la escala básica, sometidos a un régimen marcial, sino en los mandos y dirigentes políticos interesados en perpetuar la situación al servicio de sus intereses. También parece que la permanencia de estos Cuerpos policiales militarizados responden al tipo de transición democrática que se produjo en nuestro país, donde, tal y como ha señalado el catedrático Vicenc Navarro, el peso de la derecha política y social fue muy notable.

Después de esta represión, varios agentes de la Policía Armada se deciden a crear un sindicato propio. Tras meses de discusiones y debates, cinco agentes (José López, José M. Osorno, Manuel Tapada, Carlos Jiménez y Guillermo Gómez) redactan el acta fundacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP) el 28 de febrero de 1978. Esta organización sería clandestina hasta su legalización el 21 de noviembre de 1984. El proceso en la Guardia Civil fue mucho mas reñido. Durante los años 80 el clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) llevo de cabeza a las autoridades. Y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) consiguió, tras años de enconada lucha, su reconocimiento en mayo de 2008.

Si se vuelven a leer con detenimiento las peticiones expresadas aquel duro invierno del 76 podremos hacernos un retrato bastante nítido de las condiciones laborales y profesionales de los guardias civiles. Encargados de tareas tan delicadas y estimadas por la derecha política y por las autoridades, sin embargo, sus condiciones eran, seguían siendo patéticas: sueldos por debajo del salario mínimo, jornadas que comprendían hasta 24 horas de servicio, ausencia de vacaciones y pago de horas extras, jubilación con importante merma de recursos económicos y un trato, en muchos casos indigno, en la asistencia sanitaria militar obligatoria.

Si le preguntamos a un guardia civil sobre sus vivencias en aquellos años el retrato es todavía más feroz. No podían vestirse de paisano. Para salir del cuartel tenían que comunicárselo a su superior y, en el caso de que se ausentaran de la demarcación, el permiso correspondía a jefe de línea. El hacinamiento y las malas condiciones de los cuarteles estaban a la orden del día. E incluso, como nos relataron los guardias civiles de entonces, algunos oficiales se permitían el lujo de suprimir las vacaciones al personal corregido hasta que la falta prescribiera. Alguno de ellos estuvo dos años sin ningún tipo de vacaciones. Si aquello era un paraíso de empleo fijo que venga Dios y lo vea.

A la vista de estas circunstancias no nos extraña que en la Guardia Civil empiece a plantearse el tema clave sobre el que iba a girar durante años una de las más duras controversias políticas, esto es, la naturaleza militar o civil del Instituto armado y, por tanto, la posibilidad de que los funcionarios de la Benemérita pudieran tener los mismos derechos sindicales y democráticos que consagró la Constitución Española de 1978 con el fin de poder mejorar sus condiciones lamentables profesionales y laborales. La España nueva y moderna del 6 de diciembre de 1978, Día de la Constitución, se quedó a las puertas de los cuarteles de la Guardia Civil. Demasiado tiempo. Por ello simbólicamente la primera manifestación de guardias civiles treinta años después de la manifestación de 1976, se realizará un Día de la Constitución de 2005 y fue convocada por AUGC.

En la columna central, realizamos un recorrido cronológico por los principales hechos protagonizados por el movimiento asociativo y reivindicativo en la Guardia Civil. Esta cronología muestra evidentemente el duro camino que hemos tenido que recorrer en la institución para llegar al Consejo de la Guardia Civil y al reconocimiento de las asociaciones representativas.

Nuestro homenaje a todos aquellos y aquellas compañeras que hicieron posible este camino. Su esfuerzo, su coraje y hasta, en demasiadas ocasiones, su sacrificio mereció la pena.

Gracias