La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) califica de vergonzoso, indigno e inmoral que el Gobierno haya indultado a un guardia civil que se mofó de una agresión sexual mientras la grababa con el móvil. Unos hechos por los que este agente había sido condenado pero que sin embargo, para el Ejecutivo de Mariano Rajoy parece ser que carecen de relevancia.
Para AUGC, la asociación profesional mayoritaria en la Guardia Civil, este indulto supone un atentado contra la dignidad de la mujer. Además, esta organización se muestra especialmente preocupada porque el indultado vuelva a su puesto de trabajo, habiendo sido condenado por omisión del deber de perseguir delitos.
A juicio de esta asociación, la medida del Gobierno resulta injustificable y daña enormemente la imagen del Cuerpo, ya que tendrá que velar por la seguridad de los ciudadanos un agente que, no solo no ha impedido la comisión de un delito, sino que se ha mofado de él.
De hecho, en su condición de guardia civil, tendrá que defender y salvaguardar los derechos de la mujer y, a buen seguro, deberá enfrentarse a delitos como el que presenció, por lo que el indulto que ha aprobado el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, resulta aún más reprochable, injustificable y carente de sentido.
Además, la medida denuesta la imagen de la Guardia Civil y resta valor a la labor que desarrollan la inmensa mayoría de los agentes que, con escasez de medios y falta de recursos, salvaguardan, a diario, los derechos de la mujer.
Para AUGC, este indulto hace un flaco favor a la lucha que viene desarrollando la sociedad por lograr la equiparación de derechos entre ambos sexos. Además, resulta intolerable que, quien ha sido condenado por mofarse de una agresión sexual, vaya a solventar la pena con una multa de 500 euros.
Con esta medida también se demuestra la doble vara de medir que se utiliza en la Guardia Civil, ya que mientras este agente volverá a su puesto de trabajo, los representantes de AUGC son expedientados por defender los derechos de sus compañeros y reclamar mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de la Guardia Civil.
De hecho, durante el Gobierno del Partido Popular, se han abierto 37 expedientes contra miembros de AUGC. Al mismo tiempo, el Ejecutivo permite que un agente condenado por mofarse de una agresión sexual vuelva a su puesto de trabajo, obviando lo ocurrido.
Para AUGC, la asociación profesional mayoritaria en la Guardia Civil, este indulto supone un atentado contra la dignidad de la mujer. Además, esta organización se muestra especialmente preocupada porque el indultado vuelva a su puesto de trabajo, habiendo sido condenado por omisión del deber de perseguir delitos.
A juicio de esta asociación, la medida del Gobierno resulta injustificable y daña enormemente la imagen del Cuerpo, ya que tendrá que velar por la seguridad de los ciudadanos un agente que, no solo no ha impedido la comisión de un delito, sino que se ha mofado de él.
De hecho, en su condición de guardia civil, tendrá que defender y salvaguardar los derechos de la mujer y, a buen seguro, deberá enfrentarse a delitos como el que presenció, por lo que el indulto que ha aprobado el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, resulta aún más reprochable, injustificable y carente de sentido.
Además, la medida denuesta la imagen de la Guardia Civil y resta valor a la labor que desarrollan la inmensa mayoría de los agentes que, con escasez de medios y falta de recursos, salvaguardan, a diario, los derechos de la mujer.
Para AUGC, este indulto hace un flaco favor a la lucha que viene desarrollando la sociedad por lograr la equiparación de derechos entre ambos sexos. Además, resulta intolerable que, quien ha sido condenado por mofarse de una agresión sexual, vaya a solventar la pena con una multa de 500 euros.
Con esta medida también se demuestra la doble vara de medir que se utiliza en la Guardia Civil, ya que mientras este agente volverá a su puesto de trabajo, los representantes de AUGC son expedientados por defender los derechos de sus compañeros y reclamar mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de la Guardia Civil.
De hecho, durante el Gobierno del Partido Popular, se han abierto 37 expedientes contra miembros de AUGC. Al mismo tiempo, el Ejecutivo permite que un agente condenado por mofarse de una agresión sexual vuelva a su puesto de trabajo, obviando lo ocurrido.
