AUGC, perpleja e indignada por la fianza que la Fiscalía de Málaga le exige para personarse como acusación popular en un caso de corrupción policial


12/12/2016

Un vehículo de la Guardia Civil, junto al domicilio de Alahurín de la Torre donde se cometieron los crímenes Un vehículo de la Guardia Civil, junto al domicilio de Alahurín de la Torre donde se cometieron los crímenes

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha hecho hoy público por medio de una rueda de prensa celebrada en Málaga su malestar por la decisión tomada por la Fiscalía de Málaga al exigir a nuestra organización una fianza de 6.000 euros para poder ejercer la acción popular en el caso de la muerte de dos ciudadanos colombianos. Estos hechos ocurrieron el día 25 de abril de 2009 en la finca de los Naranjos, ubicada en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre y como consecuencia de ellos el juzgado Nº 10 de Málaga inició un procedimiento en el que finalmente han resultado investigados dos guardias civiles de la Comandancia de Málaga, entre otros.

En un principio la investigación corrió a cargo del grupo de homicidios de la Guardia Civil de Málaga pero, ante la falta de resultados, la causa fue archivada a petición de la Fiscalía en noviembre de 2009 haciendo valer la tesis de que el autor de las muertes había actuado en legítima defensa. Sin  embargo, la causa volvió a reabrirse en 2015 con motivo de la investigación llevada a cabo por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) del asesinato de Lucía Garrido, ocurrido en el año 2008 en la misma finca en la que murieron los dos jóvenes colombianos. El SAI consideró que ambas causas podrían estar relacionadas.

Queremos hacer constar que el caso del asesinato de Lucía Garrido fue reabierto en 2012 gracias al esfuerzo de su familia y al apoyo fundamental e incondicional que AUGC prestó de forma desinteresada para su esclarecimiento al sospechar, como la investigación del SAI así lo ha confirmado, de la presunta  participación de miembros de la Guardia Civil en el trágico final de Lucía. En la actualidad dos guardias civiles se hallan investigados por esta causa, uno de ellos en prisión provisional.

AUGC ha venido ejerciendo la acción popular ejemplarmente en nuestra provincia, siempre en defensa de las leyes y colaborando con la justicia,  en la lucha contra la corrupción dentro de nuestra Institución, tal y como marcan nuestros propios estatutos. Y para ello sólo hemos contado con los recursos de nuestros propios afiliados.

Buena prueba de ello ha sido nuestra participación ejerciendo la acción popular en el conocido como “caso EDOA”, caso que se ha saldado con la condena a 10 años de prisión del teniente Jefe de la citada unidad. También hemos colaborado con la Fiscalía para que otro de los procesados acepte una pena de 18 años de condena evitando así la celebración de un nuevo juicio. Todo ello demuestra nuestra responsabilidad y disponibilidad para colaborar con la justicia tanto en el esclarecimiento de los hechos como a la hora de economizar tiempo y dinero a la Administración de Justicia.

Además nuestra asociación se encuentra personada en distintas causas en  defensa de miembros de la Guardia Civil que han sido víctimas de agresiones y atentados en acto de servicio, lo que supone un más que considerable esfuerzo en recursos humanos y económicos dado que carecemos de otros ingresos distintos a los de nuestros propios afiliados.

AUGC es con diferencia la organización más combativa contra la corrupción en nuestra provincia y no sólo por los casos en los que se encuentra personada sino además por los resultados obtenidos. En ninguno de estos casos se nos ha exigido fianza, ni tan siquiera en la personación para ejercer la acción popular en el caso de Alsasua (Navarra) en el que fueron agredidos brutalmente dos guardias civiles y sus parejas.

Consideramos que esta fianza de 6000 euros exigida por la Fiscalía de Málaga no es acorde con la consigna “tolerancia cero contra la corrupción” esgrimida tanto por el presidente del Gobierno como por las demás fuerzas políticas de nuestro país. Máxime si tenemos en cuentas que la lucha contra la lacra de la corrupción es una de las exigencias que actualmente más vigor tiene en nuestra ciudadanía.

Esta misma preocupación por la corrupción ha sido manifestada en reiteradas ocasiones por el rey Felipe VI, quien ha venido reclamando en sus apariciones públicas la implicación de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, no han sido pocas las ocasiones en las que dar un paso al frente para combatir esta lacra nos ha supuesto la persecución, el acoso o el ostracismo por parte de algunos responsables de la propia Administración. Y esta fianza de 6.000 euros la consideramos totalmente injustificada y tendente a obstaculizar esa lucha tan necesaria en contra de cualquier tipo de corrupción.

En estos años duros de lucha contra la corrupción en Málaga no hemos recibido nunca unas palabras de aliento por parte de aquellos que deberían ser los primeros interesados en sumar sus esfuerzos con los nuestros. Y ello a pesar de nuestra entera dedicación a combatir esta lacra y a pesar de los éxitos obtenidos.

Pero, por muchos obstáculos que se nos pongan, los miembros de la AUGC no vamos a renunciar a nuestros principios y no vamos a renunciar a servir a la sociedad de la que formamos parte. Nuestros estatutos nos marcan el camino a seguir y por ello la AUGC llevará a cabo una cuestación popular para reunir los 6.000 euros exigidos por la Fiscalía de Málaga para poder personarse en este caso de presunta corrupción policial.

También queremos denunciar una vez más que una asociación ,como la nuestra , que lucha contra la peor de las corrupciones, la corrupción policial, no se sienta apoyada en su esfuerzo por aquellos que deberían ser los primeros en apoyar esta lucha. Antes al contrario, la administración representada por la Dirección General de la Guardia Civil parece poner todo su esfuerzo en obstaculizar nuestra labor y en perseguir a los dirigentes de la AUGC. Nos es difícil entender esta enconada persecución a una Asociación democrática que lucha a diario por erradicar la corrupción policial y por lograr mejores condiciones sociolaborales para todos los funcionarios que forman parte de la Guardia Civil. Lamentablemente, Málaga es probablemente con diferencia la provincia con más guardias civiles imputados en casos de presunta corrupción policial y, lo que es peor, es el lugar donde más casos de esta naturaleza prescriben por la falta de interés en su investigación.

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