La Audiencia Provincial de Málaga ha sobreseído de forma definitiva la denuncia interpuesta contra ocho guardias civiles, procesados a raíz de uno de los múltiples asaltos de inmigrantes que se producen en la valla de Melilla, fallando el tribunal que su actuación fue correcta y proporcionada a los hechos a los que se tuvieron que enfrentar por razón de sus funciones.
AUGC celebra y ha felicitado a los compañeros imputados, pues el auto judicial no hace más que afirmar la necesidad de que los guardias civiles actúen con el respaldo de todas las garantías legales. Y por ello desde esta asociación profesional se ha exigido un protocolo de actuación que ampare las actuaciones de los guardias civiles en los rechazos producidos en las vallas de Ceuta y Melilla, que por fin fue recogido en la reforma de la Ley de Extranjería.
Pero no estamos satisfechos con ello, y desde AUGC seguiremos reclamando mejores medios y procedimientos para la salvaguarda de los derechos humanos de todos, incluidos los inmigrantes, y también para dignificar el difícil trabajo que realizan los integrantes del Cuerpo en estos lugares. Así, seguiremos solicitando la presencia de sanitarios que valoren el estado de salud de los migrantes antes de ser rechazados, para que ningún guardia civil se vuelva a encontrar en la situación de ser procesado judicialmente. También abogamos por que sean los especialistas de montaña del Cuerpo los que realicen la tarea de bajar a los inmigrantes desde la valla, y no como actualmente se hace, con medios rudimentarios que ponen en peligro la integridad física de migrantes y guardias civiles. Defendemos igualmente otras propuestas, como la presencia permanente en la Comandancia de Melilla de profesionales para atender el estado psicológico y de comportamiento de los agentes ante estas situaciones estresantes, que han provocado incluso intentos de suicidios.
Pues bien, pese a que todo lo propuesto por AUGC parece no ya una cuestión legal o profesional, sino de mero sentido común, ha sido criticado duramente por la asociación APROGC, formada mayoritariamente por mandos, la cual realiza en un comunicado afirmaciones que no son ciertas, de modo que no vemos otra posibilidad que desmentir las acusaciones allí vertidas.
Debe saberse que tres de los ocho imputados en esta causa judicial son afiliados de AUGC, a los cuales se les asistió y se puso a su disposición los servicios jurídicos de la asociación, optando los mismos por la defensa común que ejerció la Abogacía del Estado, algo, por supuesto, más que respetable. Contrariamente a lo que se insinúa de forma maliciosa en el comunicado de esta asociación de jefes, AUGC no se ha personado en esta causa, porque nosotros estamos con los guardias civiles, entre otras cosas, porque los cinco componentes que forman la Junta Directiva de AUGC-Melilla están trabajando en la valla.
Si tanto molesta que AUGC haya reclamado un protocolo de actuación, ya puede la asociación APROGC arremeter contra el coronel jefe de la Comandancia, porque éste solicitó públicamente el consabido protocolo en un discurso público con motivo de la conmemoración de la Patrona del Cuerpo.
Lo cierto es que la mayoría de los guardias civiles de Melilla, incluidos los imputados, entienden como aceptable el posicionamiento de AUGC, pues a fin de cuentas un protocolo de actuación beneficia a los guardias civiles destinados en la valla, pero no tanto a los mandos que tienen que redactarlo y asumir, en consecuencia, las responsabilidades legales derivadas de los saltos en la valla. Porque a nadie se le escapa que los que han tenido que pasar por este “mal trago” son exclusivamente guardias civiles de base, y no mandos de la comandancia.
Hasta la fecha, y por lo general, AUGC no ha respondido a las críticas que han procedido desde otros sectores de la Guardia Civil, en el entendimiento de que la tarea en la que debe concentrarse de esta asociación profesional es en defender los intereses profesionales de los integrantes del Cuerpo. Pero todo tiene un límite, de modo que en adelante responderemos a las difamaciones que se viertan sobre las legítimas funciones que ejercen los representantes de AUGC. Y si las mismas no son rectificadas, llevaremos a los que las realizan ante los tribunales de justicia.
