Ante el comunicado emitido por la Dirección General de la Guardia Civil en el día de ayer, donde no solo continúa sin asumir los graves fallos internos por no reaccionar a tiempo ante un grave caso de acoso sexual y laboral, donde se alaba un protocolo de acoso laboral y sexual criticado por AUGC, por tratarse de un protocolo que no se basa en la salvaguardia de los intereses de las víctimas, sino en el control del mando militar de los acontecimientos a investigar, del ritmo de la investigación y del resultado de la misma, no podemos más que mostrar estupefacción y una enorme preocupación, pues una vez más la cúpula del Cuerpo dirige sus esfuerzos a intentar menospreciar a la mayor Asociación Profesional de guardias civiles, AUGC.
Cualesquiera observadores que den lectura al comunicado de la Dirección General, podrá extraer la conclusión que la víctima es lo que menos importa y a la que incluso -desconociendo las gravísimas dificultades para salir de una situación asfixiante y anulatoria de su personalidad - parece recriminársele por no denunciar antes o por no hacer de su desgracia una escenario público, a todas luces impensable.
Si, desde AUGC, comunicamos que algo ha fallado, es porque algo ha fallado, ya que el protocolo de acoso nunca llegó ni tan siquiera a iniciarse en este caso. No se hace la denuncia pública para atacar a la Institución, sino para que se produzcan avances dirigidos a reducir la brecha de desigualdad interna, a crear cauces que mejoren las relaciones e impidan que casos como el presuntamente ocurrido en Murcia, el cual se encuentra en fase judicial, no vuelvan a suceder.
Decimos información sesgada, porque una Institución como la Guardia Civil no debe emitir comunicados omitiendo información, y menos en un caso como el que nos ocupa.
1.- Si la Guardia Civil hubiera tenido especial interés en la denuncia interpuesta por la agente acosada, hubiera podido interesar del Juzgado Togado la información necesaria para adoptar las medidas necesarias, incluso desde la inicial imputación.
2.- Hemos dicho, y nos ratificamos, que la Guardia Civil podía haber adoptado medidas disciplinarias, suspensión de funciones cautelares, y hasta la propuesta de pedida de destino, sin necesidad de esperar el auto de procesamiento, es más, debería haberlo hecho, en atención a lo establecido en la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, y la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. Pues la actuación que hubiera cabido esperar, y que no se llevó a cabo, es que al sargento inculpado, y en el momento en el que la Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos tan graves, además de la pertinente instrucción de diligencias, se le hubiese incoado expediente disciplinario, y en atención a la repercusión y alarma social del caso, se hubiesen adoptado las medidas cautelares que recoge el ordenamiento jurídico del Cuerpo.
Lo cierto es que la Guardia Civil pudo actuar anteriormente, pero no lo hizo. Pudo iniciarse expediente disciplinario para adoptar medidas cautelares, o preocuparse por el caso y solicitar de manera urgente el auto de procesamiento contra el sargento para adoptar medidas de manera inmediata.
Por tanto, desde AUGC instamos al próximo Gobierno encargado de nombrar el futuro responsable de la Guardia Civil a que no incurran en error en su elección. Sólo una persona formada, que entienda que las personas son lo primero, que los derechos fundamentales son compatibles con el cumplimiento de la misión constitucional encomendada a la Guardia Civil y que haga del diálogo su principal herramienta de dirección, podrá resolver esta situación. Sólo con estas premisas, escuchando a todos los actores que juegan algún tipo de papel en la Guardia Civil, se conseguirán generar el clima y los instrumentos plenamente eficaces para evitar que se vuelvan a producir hechos como los que han afectado a la compañera de Murcia.
Igualmente, desde AUGC realizamos un llamamiento generalizado a la clase política para que a través de su intervención se produzcan cambios en una Institución donde conviven 78.000 personas.
Los derechos fundamentales y libertades públicas de los componentes de la Guardia Civil son manifiestamente mejorables. La solución parte del diálogo y respeto, y sin obviar o ignorar la condición de ciudadanos de los y de las guardias civiles, que es previa y determinante de todo lo demás.
Es necesario significar, que en los Estatutos sociales de AUGC figuran el respeto y defensa de los derechos humanos, la dignidad de la persona, y favorecer la deontología profesional; y estos son fines a los que jamás renunciaremos.
