La segunda fase del contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios se desarrolló durante dos años, entre octubre de 2014 y septiembre de 2016, con un coste de más de 66 millones de euros, y en enero de 2017 ha empezado la tercera fase, aprobada por el Gobierno en pleno agosto y cuando se encontraba en funciones, con un coste superior a los 34 millones.
Pero en ningún momento se había informado sobre el coste que han tenido los tres meses durante los que se prorrogó automáticamente el contrato de la segunda fase. Por ello AUGC solicitó esa información a través del portal de transparencia, y el Ministerio del Interior ha contestado que durante octubre, noviembre y diciembre de 2016 la seguridad privada supuso un gasto adicional de 7.791.151 euros.
Por lo tanto, sumando todos los contratos sucesivos incluido el de 2017, desde que se inició el proceso privatizador en mayo de 2013 son ya más de 115 millones de euros de dinero público derrochados en beneficio de las empresas de seguridad privada, por unos servicios absolutamente innecesarios y duplicados.
AUGC también ha preguntado por qué se han adjudicado a la empresa OMBUDS tres de los cuatro lotes que componen el nuevo contrato iniciado en enero de este año –27 de los 34 millones–, y el Ministerio del Interior ha contestado que “la adjudicación de cada uno de los lotes se realizó al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para la Administración”. Cabe preguntarse a qué se debe el cambio de criterio del Gobierno, porque cuando se inició la segunda fase el Consejo de Ministros dijo que “el contrato se estructura en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato, de tal manera que cada lote se adjudique a un licitador diferente”.
Para AUGC es inaceptable que se prolongue una media privatizadora cuyo único fin es el enriquecimiento de los propietarios de las empresas de seguridad privada, puesto que los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones ínfimas en comparación con la jugosa cuantía del contrato. Desde su inicio este proceso privatizador ha concitado el rechazo total de guardias civiles, policías, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, organizaciones sindicales, partidos políticos y la mayor parte de la sociedad, sobre todo porque es absolutamente innecesario, ya que los vigilantes y los guardias civiles y policías están desempeñando los mismos cometidos de modo duplicado e innecesario.
Por ello AUGC está trasladando a los grupos parlamentarios su propuesta para que se adopten iniciativas en el Congreso y Senado orientadas a que el actual contrato no sea renovado cuando finalice. Es responsabilidad de los representantes parlamentarios atajar la privatización de la seguridad pública que se ha iniciado por los centros penitenciarios, pero que sin duda se extenderá a otros ámbitos si no existe un firme rechazo social y político.
