El pasado día 17 de abril la delegación de AUGC en Las Palmas hacía público un comunicado por el cual se denunciaba un posible incumplimiento normativo de la Guardia Civil en Lanzarote de la Ley 22/2011 de Residuos.
Se trata de la utilización de las instalaciones oficiales de la Guardia Civil como almacén de residuos sólidos por orden del Capitán Jefe de la Compañía de Lanzarote, quién el pasado mes de febrero dio instrucciones a varios agentes para que colocasen cajas fuertes en los pasillos y el garaje del Cuartel. Estas cajas fuertes provienen de un complejo hotelero situado en la isla, el cual no ha percibido compensación económica por esta cesión.
Nadie en el Cuartel de la Guardia Civil daba crédito a este comportamiento, desconociendo los motivos de dicha cesión y posterior entrega de parte de las cajas fuertes a la empresa Recuperadora Lanzarote S.L.U a razón de 3 céntimos de euro por cada kilogramo, por lo que se ha tenido conocimiento de al menos una entrega de que rondaría los 4.000 kgs de residuos.
Sin embargo, una vez que AUGC denuncia públicamente el comportamiento de este capitán de la Guardia Civil, aparecen opiniones que manifiestan que era para la instalación de las cajas fuertes como armeros y que la cantidad obtenida de la entrega a la empresa Recuperadora Lanzarote S.L.U. ha sido depositada en el Cuartel para “la celebración de eventos propios”.
AUGC no puede sino mostrar su asombro por la gestión que se realiza en la Guardia Civil ante el conocimiento de toda la cadena de mando, dando lugar a justificaciones difícilmente creíbles y comportamientos poco éticos. No es de recibo que un capitán realice gestiones para la cesión de cajas fuertes a un Cuartel de la Guardia Civil, para posteriormente justificar que como propietario legal de las cajas fuertes decide utilizar de propia iniciativa dichas cajas como armeros, e igualmente decide unilateralmente vender parte de las cajas fuertes, para después y también de manera voluntaria depositar lo obtenido a disposición del acuartelamiento para sufragar gastos de representación, cuando precisamente es la Guardia Civil, la institución que triplica la cuantía en los Presupuestos Generales del Estado en gastos protocolarios en comparativa con la Policía Nacional.
Los altos mandos de la Guardia Civil, parecen adoptar una actitud laxa de la legislación vigente, en este caso de la LEY 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y la ORDEN INT/985/2005, que dice que es el Director General de la Guardia Civil quien puede realizar “La aceptación de las donaciones de bienes muebles, en el ámbito de sus competencias, cuando el donante hubiera señalado el fin a que deben destinarse.
Demasiadas “voluntariades” e incongruencias en un modo de actuar donde la Guardia Civil como institución debe adoptar medidas y no mirar para otro lado. Los guardias civiles necesitamos seriedad en el modo de gestión y que sea desde la propia Dirección General desde donde se dote de presupuesto para la instalación de armeros en las unidades, un cambio en el protocolo de acoso laboral y sexual, así como el plan de conductas suicidas, que se doten de mejores medios y cambios organizativos en la manara de ejercer el mando, entre otras demandas.
Desde AUGC solicitamos que la Guardia Civil realice una información reservada para el total esclarecimientos de estos hechos y determinar si existen irregularidades en la actuación del citado capitán de Lanzarote, puesto que existen dudas como si la cantidad de dinero obtenida por la venta de las cajas fuertes ha sido anotada en algún libro de contabilidad, si era una adquisición personal por parte de este capitán saber por qué se utilizaron agentes en horas de servicio para tal fin particular, así como instalaciones oficiales de la Guardia Civil, igualmente conocer el procedimiento llevado a cabo para incorporar dicho material personal como dotación oficial donde depositar el arma reglamentaria de los agentes, entre otras.
