Resulta incomprensible que sea la propia Dirección General de la Guardia Civil la que no cumpla con los autos y sentencias judiciales. Desde el pasado mes de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a doce componentes de este cuerpo, doce agentes destinados en la provincia de Cuenca, que a través de los servicios jurídicos de esta delegacióno de AUGC demandaron a la Dirección General.
El auto fue claro, condenando a la propia Dirección General al pago de unos devengos que “de forma arbitraria” y sin ninguna motivación le fueron ilegalmente detraídas de sus nóminas, además de la condena al citado organismo del pago las correspondientes costas del proceso.
Pero a día de hoy este auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha sido cumplido por parte de la Dirección General, a pesar de los reiterados escritos presentados por el servicio jurídico de AUGC Cuenca solicitando su ejecución. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles no comprendemos cómo un organismo oficial como la Dirección General haga caso omiso a los plazos dictados por los tribunales de justicia. Prueba de ello es la última actuación procesal que se ha visto obligado el propio Tribunal a comunicar a este organismo oficial, y que se adjunta al presente comunicado, sobre su incumplimiento.
¿Acaso la Dirección General de la Guardia Civil no está sujeta a las sentencias y autos judiciales?
Cualquier ciudadano del Estado, ante cualquier deuda tributaria con cualquier administración pública, tiene un plazo limitado por resolución administrativa para su abono, procediendo la Administración a la vía ejecutiva en caso de incumplimiento, con un recargo sobre la deuda impagada, y de una forma cuasi mecánica.
Pues bien, los órganos internos de la Dirección General de la Guardia Civil, de una manera injustificada, siguen manteniendo el incumplimiento de doce sentencias judiciales, a sabiendas de que tenía un plazo de tres meses para su liquidación según el citado auto que condenaba a la DGGC, con la única y sola excepción de que esas liquidaciones provocaran un quebranto económico importante al Estado, que no es el caso, perjudicando de esta manera económicamente a los afectados, así como generando un coste adicional al Estado con intereses demora que con el paso del tiempo se va incrementando.
Desde AUGC exigimos que la Administración del Estado, en este caso desde el órgano económico de la Dirección General de la Guardia Civil, dé ejemplo y proceda acatar las leyes que todos los españoles cumplimos a diario con puntualidad espartana.
