AUGC quiere expresar su indignación y repulsa por las amenazas que el exconsejero madrileño Francisco Granados profirió ayer contra los trabajadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras salir de la prisión de Estremera 31 meses después de ser encarcelado por el caso Púnica. En declaraciones a los periodistas que le aguardaban, Granados anunció que pedirá "responsabilidades" a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o a la Fiscalía por los informes contra él.
Cabe recordar que al que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, que ha salido de la cárcel tras abonar una fianza de 400.000 euros, se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.
El exconsejero imputado, en un claro intento de amedrentar a los trabajadores en su labor de investigación, ha acusado de “falsedad” los informes de la Guardia Civil que le implican en este caso, añadiendo que pedirá “responsabilidades a los funcionarios que los hayan firmado, sean de la UCO, sean de la Fiscalía o sean de quien sean”. Granados va incluso más allá, al atribuir la supuesta falsedad de esos informes a la “impericia o bien por mala idea” de los investigadores.
Nos encontramos, una vez más, ante un claro ejemplo de advertencia intimidatoria ante la labor de los guardias civiles, unos profesionales que se limitan a cumplir con su obligación de investigar la corrupción, desgraciadamente tan extendida en España.
Resulta ya tristemente habitual escuchar a una persona investigada por graves delitos achacar torticeramente su circunstancia a unos supuestos intereses oscuros de los profesionales que velan por hacer cumplir la ley y proteger a los ciudadanos de esas prácticas corruptas. Está de más recordar que ni los trabajadores de la UCO ni ningún otro agente de la Guardia Civil tienen otro interés que éste.
Este tipo de ‘aviso para navegantes’ busca claramente disuadir a los funcionarios de entrar en determinados terrenos. De hecho, cabe recordar que en junio del pasado año era incluso el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien trataba de minimizar el informe de la Guardia Civil relacionando al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con la trama Púnica, afirmando que la información de la UCO estaba llena de “presuntos, eventuales y posibles”. Más recientes son las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que el pasado mayo también puso en duda la verdad de un informe de la UCO que la señalaba en relación con la comisión de un supuesto de lito de prevaricación y cohecho.
Desde AUGC sólo cabe reiterar su máximo apoyo a la labor de los compañeros de la UCO y su rechazo frontal a este tipo de declaraciones, que únicamente buscan confundir a la opinión pública y, como ya se ha indicado, asustar a los funcionarios que investigan sus supuestas corruptelas, que tanto daño han hecho y están haciendo a nuestro país. En este sentido, debemos recordar que la Guardia Civil no necesita “el profundo amor” de personas que ponen en duda la honestidad de su trabajo, sino más medios técnicos y humanos para sacar a la luz este tipo de delitos.
