Desde AUGC Sevilla queremos denunciar el despilfarro de dinero público que suponen las continuas sentencias en contra que recibe la Guardia Civil por parte de los tribunales, con la condena del pago en costas a la Administración, derivado de los numerosos casos de demandas que los agentes llevan ante la justicia por la negativa respuesta a sus legítimas pretensiones.
Ello se debe a la obstinación por parte de las Dirección General de la Guardia Civil de denegar sistemáticamente derechos a los agentes, que posteriormente son ganados en los juzgados, motivo por el que el sistema jurídico español condena en costas a la Guardia Civil, resultando a la postre que quién paga es el ciudadano con el dinero de las arcas públicas.
Y así, tan solo en los últimos dos años, al abogado de nuestra delegación en Sevilla se le adeudan cerca de 10.000 euros. Ello es debido a que desde hace unos dos años la DGGC ha paralizado el abono de las costas a las que ha sido condenada, hasta tal punto que los distintos tribunales han apercibido al Subdirector General de Personal de imponerle multas coercitivas sobre su patrimonio personal para que la Guardia Civil cumpla con el pago de las costas, conforme establece el artículo 112 LJCA.
El importe de las condenas en costas no es superior porque el TSJ de Madrid limita éstas a 400 euros, ya que en el caso de que no existiese la citada limitación el importe de las costas ascendería al triple de lo adeudado, pues conforme al Colegio de Abogados de Madrid, las costas sin limitaciones asciende a 1.800 euros aproximadamente, incluidos los aranceles del procurador.
Pero es que a nivel nacional, nuestros servicios jurídicos han ganado en distintos órganos jurisdiccionales de toda España más de 450 demandas de diversa temática en la que la Administración ha sido condenada a abonar las costas de los procedimientos. Esto supone que lo abonado por este concepto supera con creces los 150.000 euros.
Lo más relevante, es que este elevado precio que tienen que pagar todos los ciudadanos por ese afán denegatorio a las solicitudes de los guardias civiles es que en muchas de estas demandas la Guardia Civil es condenada de forma sistemática y repetitiva. Nos referimos principalmente a las solicitudes de compatibilidad que los guardias civiles elevan para poder ejercer otra profesión fuera de su horario laboral. A pesar de que la DGGC, es conocedora del criterio tiene el Tribunal Supremo y la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, que es la que conoce de los asuntos relativos a la Guardia Civil, continúan negando las solicitudes de compatibilidad de forma constante, sin tener en cuenta los criterios del TSJ de Madrid y TS.
Otra cuestión recurrente y que aglutina más de 80 casos en tribunales de toda España son las relacionadas con la reducción de jornada para el cuidado de hijos o solicitudes del permiso de lactancia. Este asunto vital para la conciliación laboral y familiar refleja la falta de sensibilidad por parte de los distintos responsables, quienes niegan la concreción horaria con importante detracción de salario que solicita el/ la guardia civil, para resolver que aceptan la reducción de jornada pero no en los horarios solicitados por los agentes, y todo ello amparándose en las sempiternas “necesidades del servicio” que dejan abierta esa tasación de horarios que se necesita para compatibilizar el trabajo con el cuidado de hijos.
Desde AUGC creemos que una política de personal y de la gestión de los recursos humanos en la Guardia Civil, más moderna, adaptada a los tiempos y a las prácticas de la Administración General del Estado haría que estas cantidades excesivas que salen de los impuestos de todos no fuesen tan abultadas. Tenemos que denunciar está práctica sistemática en la denegación de cuestiones que los tribunales no aceptan en cientos de casos porque, el que deniega con su firma no paga, sino que pagamos todos los ciudadanos. Ahora se abre una oportunidad para revocar esta situación; la vacante aún no cubierta del Mando de Personal y Formación esperemos que recaiga sobre una persona con más sensibilidad y acierto en estas cuestiones para que los guardias civiles no tengan que esperar a que sean finalmente los tribunales los que corrijan una y otra vez cuestiones que deberían ser atendidas, según la propia normativa, por la propia Guardia Civil.
