El pasado mes de septiembre los guardias civiles destinados en Cataluña que habían solicitado su traslado a otras comunidades autónomas para iniciar una nueva etapa profesional y familiar se encontraban, de manera sorpresiva, sin antelación previa ni gratificación económica alguna, que debían permanecer retenidos en sus destinos hasta el 15 de octubre.
Por si no fuese suficiente con quedar retenidos en Cataluña y sin alojamiento, puesto que la mayoría ya había planificado e iniciado su traslado, los agentes tuvieron que separarse de su familia para que sus hijos pudieran iniciar el curso escolar en su nueva localidad. La situación les ha obligado, de ese modo, a mantener durante un mes dos viviendas simultáneamente.
Ahora a estos servidores públicos se les añade otro agravio derivado de la falta de sensibilidad de la Guardia Civil hacía sus trabajadores, puesto que la Dirección General ha decidido que, dichos agentes, al no entrar en vigor para ellos la orden de destinos hasta que finalice el dispositivo especial en Cataluña, perderán la preferencia que tienen para ocupar una vivienda oficial en sus nuevos destinos, dado que en estos ya se encuentran los compañeros procedentes de otras provincias españolas, los cuales ya han podido solicitar esas viviendas.
Esta situación podría haber sido salvada perfectamente por la Dirección General de la Guardia Civil articulando mecanismos como relevos, comisiones de servicio, etcétera, sin establecer una entrada en vigor en fecha distinta de los destinos. Pero una vez más, a quienes se les pide un esfuerzo extra - recordamos que esta medida afecta fundamentalmente a la escala básica-, se les perjudica además con agravios que afectan no solo a su carrera profesional, sino a su vida familiar.
Como consecuencia de esta medida muchos guardias civiles que están prestando servicio en Cataluña verán como pierden la preferencia, y por tanto perderán, la posibilidad de ocupar una vivienda oficial que les debería haber sido concedida.
Una vez más, son los guardias civiles quienes han de sufrir y pagar ellos y sus familias, las consecuencias de la situación política en Cataluña y la falta de previsión y organización de la Guardia Civil.
