Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, entre ellas AUGC, en unidad de acción, han remitido una carta al director general de la Guardia Civil, en la que alertan del perjuicio económico que para los guardias civiles acarreará el proyecto del Real Decreto de Sanidad, sobre el que el pasado 14 de noviembre se celebró el último grupo de trabajo, y que se pretende dar por cerrado en tan sólo dos sesiones.
Dicha norma supuestamente pretende desarrolar la estructura y competencias propias de Sanidad en el ámbito de la Guardia Civil.
Aunque el objeto de la norma, según se nos ha informado, es equiparar llas retribuciones del personal de baja médica a las del resto de funcionarios de la Administración General del Estado, de su redacción se desprende que su aplicación supondrá un perjuicio económico para los guardias civiles que los dejará en una situación notablemente peor que la del resto de funcionarios.
Estas mermas retributivas, si cabe, se ceban con aquellos funcionarios que padecen procesos graves de larga duración, que ven menoscabados notablemente sus recursos económicos y los de sus familias.
Este perjuicio se ve además incrementado al someter de forma inexcusable al personal a la fiscaliación de sus convalecencias por parte de un Servicio de Sanidad que en los últimos años ha visto notablemente mermado sus recursos humanos y materiales, lo que incide directamente sobre políticas de prevención de salud laboral, claves en este aspecto, al no estar evaluadas todas las unidades y puestos laborales, no estar adecuadamente dotados de especialistas en medicina del trabajo y no tener implementados programas de vigilancia de la salud.
La realidad en estos momentos es que el Servicio Médico de la Guardia Civil no está preparado para aplicar la norma que se pretende aprobar y tardará mucho tiempo en estarlo. Se están dando situaciones de facto en las que por falta de recursos humanos hay personal que lleva más de dos años de baja laboral, algo que aquí resulta habitual, mientas que en el resto de la Administración General del Estado es una excepcionalidad.
Este personal permanecerá a la espera de su evaluación durante un periodo de tiempo notoriamente superior al habitual en otros sistemas de gestión sanitaria, con la consiguiente merma retributiva (menos del 50% de las retribuciones totales), por causas no imputables a él, sino al déficit de recursos de la Administración.
De esta forma, serán los guardias civiles quienes sufran las consecuencias del inmovilismo de la Administración hacia la Guardia Civil y la falta de inversión en prevención.
Por ello, en su escrito, las asociaciones profesionales solicitan a la Dirección General que retire de la comisión de normativa y del pleno del Consejo de diciembre la citada norma.
Puedes leer la carta completa en el archivo adjunto en PDF.
