En el ‘Protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado’, aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad en 2015 y actualizado en mayo de 2018, se dispone que las instalaciones de Guardia Civil y Policía Nacional dedicadas a la custodia de detenidos “dispondrán de sistemas de videovigilancia y grabación”, así como que deberán contar con “sistemas de ventilación y climatización que funcionen correctamente y que se acomoden a las circunstancias climatológicas”.
La Guardia Civil tiene once áreas de custodia de detenidos en la provincia de Córdoba, ubicadas en las localidades de Córdoba, Peñarroya, Pozoblanco, Palma del Río, Montoro, Bujalance, Baena, Nueva Carteya, Montilla, Priego de Córdoba y Puente Genil, las cuales disponen de un total de 26 celdas con capacidad global para 28 personas. Ninguno de esos centros de detención dispone de sistema de ventilación, y algunos de ellos además carecen de sistema de video-vigilancia y de climatización, según reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria a los diputados de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado y Rafael Mayoral.
Los datos facilitados revelan que a nivel nacional el 55% de esas dependencias carecen de ventilación, mientras que en la provincia de Córdoba son el 100%, si bien el 56% de todo el país carecen de climatización y en esta provincia “sólo” el 18%. En cuanto a los sistemas de videovigilancia, a nivel nacional el 26% carecen de ellos y en la provincia de Córdoba el 18%.
Si no existe climatización o ventilación, o si no funcionan adecuadamente, se producen unas condiciones de insalubridad que pueden afectar a la salud de los detenidos y de los agentes que se encargan de la custodia, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones climatológicas extremas que se producen en la provincia de Córdoba, a lo que debe añadirse que algunas de las personas detenidas padecen enfermedades infectocontagiosas. Y los sistemas de videovigilancia son necesarios “para garantizar la integridad física y la seguridad de las personas privadas de libertad y la de los funcionarios policiales que ejercen su custodia”.
Estos requisitos fueron fijados por la Secretaría de Estado de Seguridad en 2015, y tres años después aún siguen una gran parte de las instalaciones sin adaptarse a la normativa y a las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Y ello a pesar de que ya en 2015 el Ministerio del Interior se comprometió a que progresivamente todos los centros de detención fueran subsanando esas carencias. De hecho, la anterior Defensora del Pueblo mostró públicamente su malestar por la situación.
El Protocolo de la Secretaría de Estado de Seguridad también ordena que “el personal encargado de la custodia deberá estar adecuadamente formado en técnicas del empleo de la fuerza para la reducción e inmovilización, cacheos, primeros auxilios, uso de extintores, así como en aquellas otras materias que permitan a este personal cumplir con la obligación de garantizar la integridad física de los detenidos”, y que “las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil deberán incluir programas de especialización y actualización dirigidos al personal encargado de la custodia de detenidos en los planes de formación profesional, con especial hincapié en la prevención de la comisión de conductas auto-líticas por parte de los detenidos”.
Al respecto el Gobierno se limita a responder que “la Guardia Civil dispone de un sistema de intervención operativa en cuyo marco se aprueba anualmente el Plan de actuación de técnicas de intervención operativa”, pero lo cierto es que en la Guardia Civil no se imparte una formación específica adaptada a esos cometidos, ni se tratan cuestiones como los primeros auxilios, el uso de extintores, o la prevención de la comisión de conductas auto-líticas, tal como establece dicho Protocolo. Precisamente hace unos meses AUGC reclamó ante el Consejo de la Guardia Civil que se habilite esa formación específica, y la respuesta fue idéntica a la que ahora ha dado el Gobierno.
