AUGC pide un pacto de Estado con un plan integral para atajar el grave problema del narcotráfico en Cádiz


La situación hace sospechar que los narcotráficantes estén dando un paso para convertirse en un cartel de la droga (treintena de bandas) que intente obtener resultados insertando la corrupción en las instituciones.


27/04/2018
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Los representantes de AUGC, durante la rueda de prensa. De izquierda a derecha: José Manuel Manso, secretario general de la delegación de Sevilla; Juan Fernández, portavoz nacional; José Encinas, responsable de la delegación de Cádiz; y Javier Torrellas, Los representantes de AUGC, durante la rueda de prensa. De izquierda a derecha: José Manuel Manso, secretario general de la delegación de Sevilla; Juan Fernández, portavoz nacional; José Encinas, responsable de la delegación de Cádiz; y Javier Torrellas, de la Federación Andaluza de AUGC.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha abordado esta mañana en una rueda de prensa celebrada en Sevilla el grave y creciente problema de seguridad que genera el narcotráfico en el área del Campo de Gibraltar, con la Línea de la Concepción como puerta de entrada del hachís en Europa.

Además del hachís, el tráfico ilegal de otras sustancias como la cocaína (el pasado miércoles se realizaba en Algeciras la mayor aprehensión de esta droga efectuada hasta el momento en Europa, de casi nueve toneladas) hace sospechar que los narcotráficantes estén dando un paso para convertirse en un cartel de la droga (treintena de bandas) que intente obtener resultados insertando la corrupción en las instituciones. Nadie se atreve a introducir tal cantidad de droga sino tiene seguridad de que llegará a su destino. Por este motivo urge la toma de decisiones.

Entre otros datos preocupantes, cabe citar que en 2017 se aprehendieron 145.372 kilos de hachís, frente a los 100.423 de 2016. Esto supuso en incremento del 45%, con 755 detenidos. En estos momentos existen unas 30 bandas de narcos, con más de 3.000 colaboradores directos. Ante ello, la falta de efectivos policiales es patente. AUGC cree que se necesitan al menos 300 guardias civiles más en la Comandancia de Algeciras.

Todo ello ha llevado a una escalada de la violencia inédita en la zona. Los delincuentes cuentan, además, con una infraestructura muy superior a la de los cuerpos policiales: narcolanchas hasta con tres motores fueraborda, radares, teléfonos encriptados y una amplia red de informantes. Ello acompañado de un gran aumento de la agresividad y sensación de impunidad.

Ante esta situación, AUGC propone la puesta en marcha inmediata de un Pacto de Estado integral que contemple este problema desde distintos prismas. Por su puesto, partiendo del incremento y especialización de las fuerzas de seguridad, este pacto debería abordar otras cuestiones como el desarrollo de un plan de empleo en la zona que acabe con la trágica situación que se padece en la zona (40% de paro), y especialmente entre los jóvenes, cuyas cifras de desempleo alcanzan el 80%.

En este Pacto de Estado habría que incluir también un proyecto de mejora de la formación, de manera que se combatiera el alto porcentaje de abandono escolar que se registra entre los menores.

Además de esto, sería necesario estrechar la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas, especialmente Junta de Andalucía, Gobierno de España y Europa, así como la creación de juzgados especiales contra el narcotráfico y la presencia de un mayor número de agentes especializados.

AUGC tiene claro que ante la actual situación hay que exigir más, porque la lucha contra las redes organizadas no se solventa con la investigación de los actos delictivos que se puedan observar directamente, sino que comprende también el examen de todas aquellas actividades que se crean ante la necesaria ocultación de los beneficios obtenidos con el negocio principal, es decir, investigar empresas, bienes, operaciones comerciales, bancarias, nivel de vida, etcétera, en la que deben de intervenir otros organismos ajenos a los cuerpos de seguridad como la Seguridad Social, Entidades Bancarias, Agencia Tributaria, etc.

El Estado de Derecho debe oponerse firmemente y con todos sus medios, a una situación delictiva de una envergadura y gravedad, que va aumentando por momentos.

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