El Tribunal anula la sanción que el Jefe de la Agrupación de Tráfico impuso a un representante de AUGC por ejercer su libertad de expresión


La Administración deberá abonar al secretario jurídico de la delegación de Badajoz los más de 300 euros que se detrajeron de su nómina. El que fuera secretario de Comunicación provincial todavía afronta por el mismo motivo un procedimiento penal.


17/05/2018
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Miembros de la delegación de AUGC en Badajoz expresan su apoyo a Jesús Jiménez, Suso. Miembros de la delegación de AUGC en Badajoz expresan su apoyo a Jesús Jiménez, Suso (en primer término), quien afronta un procedimiento penal por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión.

El Tribunal Militar Central ha estimado el recurso contencioso-disciplinario presentado por los servicios jurídicos de AUGC Badajoz contra la sanción impuesta en 2015 por parte del Jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil -a instancias del jefe de Tráfico en Extremadura-, al secretario jurídico de la delegación de nuestra asociación en esta provincia, Braulio José Calvo, consistente en un expediente disciplinario por falta grave que acarreaba cinco días de suspensión de funciones.

La sanción se produjo tras aparecer en los medios de comunicación una noticia difundida por AUGC en la que se citaba al Jefe del Sector de Tráfico, y por la que todavía hoy se mantiene abierto un procedimiento penal contra el que fuera secretario de Comunicación de AUGC Badajoz, Jesús Jiménez Cívico. En este caso cabe resaltar el apoyo que distintos sindicatos y colectivos extremeños le están brindando en solidaridad y en defensa de la libertad de expresión, bajo el lema #yotambiensoySuso.

El juicio que debía haberse celebrado el pasado 3 de mayo contra Suso fue suspendido por el juez para estudiar si la causa es de su competencia o de la Audiencia provincial, como planteó la Fiscalía en las cuestiones previas al inicio de la vista oral, algo que puede hacer al tratarse de un asunto de orden público y ser el acusado guardia civil, según los servicios jurídicos de AUGC Badajoz, que han expresado su oposición a tal petición.

El caso queda pendiente del auto que deberá emitir el juez con su decisión, bien la de mantener la causa y señalar nueva fecha, o bien dejándolo en manos de la Sección Primera de la Audiencia, lo que la defensa, según el abogado de AUGC, Segundo Berjano, considera que no debe ocurrir dada la condición de «retiro por incapacidad permanente del acusado, como se acredita con certificado del Ministerio de Defensa».

La causa que se sigue contra Jesús Jiménez, acusado de un presunto delito de calumnias e injurias, tiene su origen en una denuncia de la asociación ante la jefatura de Tráfico en ese tiempo, por vía interna primero, por unas supuestas irregularidades en relación al uso de material del cuerpo y de un posible caso de acoso laboral, que al no investigarse AUGC hizo público a través de un comunicado de prensa. Esta causa ya fue archivada en su día, acto que se recurrió y se volvió a abrir.

La situación vuelve a poner en solfa el sentido de la libertad de expresión que tienen los altos mandos de la Guardia Civil, que persisten en su visión caciquil de las relaciones laborales en el Cuerpo. Algo que se manifiesta en el hecho de que el Jefe del Sector de Tráfico de Extremadura, no contento con instar actuaciones penales contra los dos citados miembro de AUGC, también instó procedimientos disciplinarios contra otros responsables de la Asociación Unificada de Guardias Civiles

La decisión del Tribunal Militar Central de reparar la injusticia cometida contra Braulio José Calvo le supone a éste la devolución de los más de trescientos euros que en su momento le fueron detraidos de su nómina. Ninguna responsabilidad tendrán, por contra, aquellos que decidieron emitir parte disciplinario y sancionar a este representante de los trabajadores. Seguramente su actitud sería diferente si las consecuencias de su acoso gratuito fueran asumidas por ellos mismos.

Por contra, el coste de este tipo de sentencias siempre recaen en los ciudadanos, al ser la Administración quien debe asumirlo.

AUGC seguirá denunciando las irregularidades existentes en la Guardia Civil y seguirá luchando por la mejora de las condiciones socio-laborales del colectivo.

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