¿Qué le parece la decisión del Supremo de permitir a AUGC estar en EuroCOP?
“Desde luego muchas veces los derechos los conquistamos también a través de las sentencias judiciales, y así ha sido con este reconocimiento a vuestros derechos de asociación, de pertenencia a una organización que en el ámbito europeo representa a muchos cuerpos policiales. Nosotros nos alegramos enormemente de que se os reconozca un derecho que había sido coartado por parte del Estado español de una forma unilateral y sin fundamento. Esta sentencia por tanto reconoce ese derecho que ya teníais antes y que os había sido conculcado”.
¿Cómo se recibió en su momento la negativa del Gobierno español a la presencia de AUGC en la organización que usted preside?
Desde luego, el hecho de que se os obligara a abandonar fue visto entre los policías europeos como una decisión totalmente antidemocrática y ajena al respeto a los derechos sociales y laborales de los funcionarios de un cuerpo policial. Hubo mucha indignación entre los compañeros, así que la sentencia del Supremo ha sido recibida como una muy buena noticia, una victoria más obtenida a través de los órganos judiciales.
¿Cómo ha tratado EuroCOP durante estos tres últimos años de dar voz a los guardias civiles?
A pesar de que AUGC no haya estado durante este tiempo participando de los órganos de representación y de las reuniones que mantenemos periódicamente, nosotros hemos continuado advocando por vosotros. Cada vez que hablamos con un miembro del Parlamento Europeo siempre apelamos al reconocimiento de los derechos civiles y laborales de los guardias civiles. Al derecho de representación, al derecho de manifestación, al derecho de la libre expresión, que muchas veces también habéis tenido problemas en ejercer. También hemos registrado en el Parlamento Europeo una petición para que se reconozca para todos los policías, pero especialmente para los guardias civiles, la Guardia Nacional Republicana portuguesa y los policías de Irlanda, la Garda, todos los derechos laborales tal y como recoge la Carta de Derechos sociales y la de Derechos fundamentales europea, que todos los países han suscrito, y ante la que por tanto no tiene sentido que ningún trabajador tenga esos derechos coartados.
