Los graves hechos sucedidos estos días en la frontera con Marruecos, en la Ciudad Autónoma de Ceuta, en los que han resultado agredidos varios guardias civiles y heridos once, y que han participado en el cumplimiento de sus obligaciones para la contención de la inmigración irregular, ponen de manifiesto la necesidad de que el Gobierno cumpla con su obligación de proporcionar a aquellos, defensa y asistencia jurídica en los procedimientos penales que se hayan puesto en marcha, para la depuración de los hechos que pudieran tener el carácter de delitos.
Así se desprende del contenido del artículo 30 de la Ley Orgánica 11/2.007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, precepto que considera que el derecho a la defensa y asistencia jurídica por parte del Estado, en los procedimientos que se inicien como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, es no sólo una obligación de la Administración, sino un derecho profesional de todos los guardias civiles.
Por ello, AUGC, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, exige al Gobierno que cumpla con la ley e imparta las instrucciones y órdenes oportunas para que la Abogacía del Estado ejerza la acusación particular en defensa de los legítimos derechos e intereses de cada uno de los guardias civiles que hayan resultado heridos o perjudicados por los hechos a los que nos referimos, en todos y cada uno de los procedimientos penales que se incoen al respecto. En caso contrario, una vez más, y coherentemente a como siempre ha actuado, será AUGC quien ejerza de garante de los derechos de los guardias civiles, ejercitando las acciones legales pertinentes, pues son muchos los políticos y autoridades que estos días se están acercando a la valla fronteriza de Ceuta, buscando la fotografía y protagonismo propio, pero a la hora de la verdad los guardias civiles no vemos que se inicien la acciones oportunas que muestren realmente la preocupación y solución a los verdaderos problemas de los agentes.
AUGC recuerda, una vez más, que está pendiente la regulación reglamentaria de este derecho profesional desde el año 2007, y que las asociaciones profesionales que ejercen esta defensa del colectivo ante la inacción de la Dirección General de la Guardia Civil, lo han de hacer a costa de sus presupuestos, afrontando gastos, fianzas y costas procesales, debido al abandono que el Estado ejerce en la defensa de los guardias civiles bajo el cumplimiento de sus obligaciones, quebrantando así sus obligaciones y abandonando a su suerte a los guardias civiles.
