AUGC se adhiere al comunicado de COVITE en el que alerta contra la retirada de un recurso contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales


El Colectivo de Víctimas del Terrorismo advierte que esa decisión "implicaría dejar en manos del Gobierno Vasco una cuestión jurídica que corresponde al Tribunal Constitucional".


09/07/2018
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Un guardia civil junto a dos ertzainas. Un guardia civil junto a dos ertzainas.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) quiere mostrar su apoyo y adhesión al comunicado emitido hoy por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), en el que alerta de la gravedad de la retirada del recurso de inconstitucionalidad planteado hace un año por el Gobierno del PP contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales.

En su comunicado, COVITE advierte que esta retirada “implicaría dejar en manos del Gobierno Vasco una cuestión jurídica que corresponde al Tribunal Constitucional”. Asimismo, muestra su preocupación por la puesta en marcha de la comisión de valoración de los abusos policiales sin que se haya retirado todavía el recurso de inconstitucionalidad de esta ley.

El Colectivo exige al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que impida la retirada de este recurso: “En su condición de juez, el ministro es consciente de que dejar fuera del control del Tribunal Constitucional las leyes promulgadas por el Parlamento Vasco es un ataque severo al Estado de Derecho; todas las leyes de este país deben estar sometidas al control del Tribunal Constitucional, incluidas las que promulguen los parlamentos autonómicos”. El Colectivo alega que ley vasca de abusos policiales está recurrida porque parte de su articulado contraviene gravemente la Carta Magna, por lo que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse al respecto.

COVITE denuncia que la intención del Gobierno Vasco con la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales es “que el Estado de Derecho no controle su potestad normativa que, en este caso, es decidir quién es víctima de abusos policiales y quién no lo es; constituir un tribunal administrativo fuera de la ley para dar un reconocimiento oficial a supuestas víctimas de abusos policiales”. De esta manera, el Gobierno Vasco tendría el empaque legal necesario para “perpetuar una falsa teoría de un conflicto entre dos partes en torno a lo que ha sucedido en el País Vasco en los últimos cincuenta años”.

Puedes leer el comunicado completo en el archivo adjunto

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