AUGC celebrará una concentración ante el Defensor del Pueblo por la entrada en prisión de un guardia civil en aplicación del Código Penal Militar


Cuando se celebre esta concentración, el 17 de octubre, Luis Miguel llevará tres días encerrado en el penal militar de Alcalá de Henares para cumplir las condenas de tres meses y un día y cuatro meses de prisión por unos hechos ocurridos hace nada menos que ocho años, y que nada tuvieron que ver con su trabajo.


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Detalle de la sede del Defensor del Pueblo. Detalle de la sede del Defensor del Pueblo.

El próximo día 17 de octubre AUGC realizará una concentración en Madrid frente a la sede del Defensor del Pueblo, a partir de las 11.30 horas, en repulsa por el ingreso en una prisión militar de un guardia civil afiliado a nuestra organización, por una condena en aplicación del Código Penal Militar. En el transcurso del acto entregaremos una queja ante esta institución.

Cuando se celebre esta concentración, Luis Miguel llevará tres días encerrado en el penal militar de Alcalá de Henares para cumplir las condenas de tres meses y un día y cuatro meses de prisión por unos hechos ocurridos hace nada menos que ocho años, y que nada tuvieron que ver con su trabajo.

El motivo de la condena es una discusión que tuvo lugar entre compañeros, ambos fuera de servicio y en fiestas, y cuyas responsabilidades ya se dirimieron en su momento del ámbito disciplinario del Cuerpo, con la consecuencia de la pérdida de destino del trabajador.

Ante esta situación absolutamente abusiva y desproporcionada, desde los servicios jurídicos de AUGC se solicitó el pasado año el indulto al Ministerio de Defensa, suspendiéndose la ejecución  de la sentencia hasta que se resolviera dicha petición o transcurriera un año. Desde Defensa jamás han contestado a esta solicitud, por lo que el proceso se reactivó hasta que recientemente se le comunicó a este trabajador su inminente ingreso en prisión.

Hay que recordar que en la etapa presidencial de José Luis Rodríguez Zapatero el Gobierno aprobó un decreto por el que la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles se restringía a situaciones muy delimitadas, como misiones militares o estado de guerra, inaplicándose por lo tanto en cuestiones relativas a las funciones policiales y, mucho menos, a la vida personal de los agentes fuera de servicio.

Sin embargo, con el Gobierno del PP se volvió a la situación anterior, en la que cualquier agente puede acabar con sus huesos en un penal a causa de una simple discusión laboral, una injusticia que vuelve a demostrar que los guardias civiles son hoy todavía un colectivo de ciudadanos de segunda privados de derechos básicos. Sorprendentemente, y en contra de lo decretado por su propio partido unos años antes, el regreso del PSOE al Gobierno no supuso el regreso a la excepcionalidad en la aplicación del Código Penal Militar, una postura que ahora se confirma con la entrada en un penal militar de un nuevo trabajador de la Guardia Civil.

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