La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado esta mañana de manera urgente un escrito ante el Consejo de Estado en el que solicita audiencia tras la información publicada hoy por un medio de comunicación, en la que se asegura que el Ministerio del Interior ha pedido a este órgano un dictamen para conocer el grado de vinculación jurídica del acuerdo de equiparación salarial firmado en marzo de marzo de 2018 por parte del anterior Gobierno con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional.
Según la misma información periodística, Interior querría saber cómo le condicionan dos de las cláusulas contenidas en dicho texto, publicado en el BOE el 20 de marzo de 2018. En la primera se detalla el compromiso de la Secretaría de Estado de Seguridad de contratar los servicios de una consultoría externa a fin de fijar criterios objetivos de análisis que garanticen si los 807 millones prometidos suponen la equiparación salarial total y absoluta o por el contrario hay que recalcular la cantidad, mientras que en la octava se expresa la voluntad de impulsar “las medidas legislativas que sean necesarias” para asegurar que la disfunción salarial no vuelva a registrarse en el futuro.
Para AUGC, de confirmarse esta solicitud del Gobierno, nos encontraríamos con lo que podría calificarse como un grave intento por parte del Ejecutivo de eludir un compromiso firmado y publicado en el BOE. Una ruptura de las reglas democráticas y de los fundamentos más básicos de la convivencia en un Estado de Derecho.
A esto cabría añadir el malestar que supondría comprobar que desde el Ministerio del Interior se habría estado faltando a la verdad reiteradamente a las asociaciones. En primer lugar, cuando la propia Secretaria de Estado de Seguridad, en la mesa de seguimiento del acuerdo celebrada el 26 de febrero, negara la existencia del informe que la consultora externa, contratada para realizar el análisis de las retribuciones y los puestos de trabajo en la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos -la firma Ernst&Young Abogados SLP- mientras que según el citado medio de comunicación, el informe fue entregado a ese órgano ministerial, un día antes.
De ser cierto lo que se asegura en la información, la falta de lealtad y transparencia se habría prolongado el pasado 27 de marzo, cuando en el Pleno del Consejo de la Guardia Civil el propio Grande-Marlaska aseguró a las asociaciones que el informe había sido devuelto por no ajustarse a lo solicitado, anunciando que había dado un plazo de 45 días a la consultora para su reelaboración. El Ministro habría ocultado, sin embargo, la consulta que supuestamente había sido realizada al Consejo de Estado, el 4 de marzo, es decir, veintitrés días antes.
En esa reunión nos pedía buena fe y confianza mientras –siempre según lo publicado hoy- nos ocultaba un dato como este, trascendental por la evidente intencionalidad que subyacería tras la supuesta petición del informe al Consejo de Estado, lo que sumado a los incumplimientos anteriores llevados a cabo por el Ministro como el nuevo y arbitrario reparto de cantidades entre G. Civil y Policía y la falta de participación de las asociaciones en la elaboración del mismo hacen que nuestra confianza en este equipo de gobierno esté quebrada y nos sintamos engañados y defraudados.
Por lo tanto, de confirmarse las maniobras del Gobierno para eludir un compromiso firmado y publicado en el BOE, y a la espera de la audiencia con el Consejo de Estado, desde AUGC aseguramos que no nos quedaremos sentados ante esta situación de tintes predemocráticos, y contra la que movilizaremos todos nuestros recursos en defensa de los derechos de miles de trabajadores y sus familias.
Desde luego cabe reflexionar sobre el grado de compromiso que este Gobierno muestra con los guardias civiles, y con su buen hacer, para que acabar con injusta brecha salarial que existe entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas.
Y todo esto ocurre con un acuerdo firmado y publicado en el BOE, imaginemos cual sería el escenario en caso de que no se hubiera llegado a la firma de este histórico acuerdo y la vinculación del mismo. Y todo ello para que un guardia civil deje de ser el policía que más horas trabaja y menos salario recibe por sus servicios.
En cualquier caso, y ante la gravedad de la información, solo cabe reclamar al Gobierno que desmienta o confirme la misma de manera inmediata.
