Con la llegada del verano y las altas temperaturas vuelve a repetirse un problema tristemente habitual en la Guardia Civil: el estrés térmico que padecen muchos agentes por la mala climatización de las instalaciones. Por este motivo desde AUGC invitamos a todos los compañeros a denunciar este tipo de situaciones ante su delegación o a través del correo tuvoz@augc.org.
Porque la garantía de que los agentes cuenten con unas condiciones de trabajo óptimas es obligación de la Guardia Civil igual que para cualquier otra empresa o institución. Cabe recordar, en este sentido, que entre los derechos laborales se encuentra el derecho a la salud y al cumplimiento de la normativa en materia de riesgos laborales, que tanto se niega a cumplir la Guardia Civil.
El último caso de este incumplimiento lo encontramos en el cuartel de Ferrol, donde la carencia de aire acondicionado origina temperaturas que llegan a bloquear el ascensor cuando se alcanzan los cuarenta grados. Hablamos de un cuartel recientemente reformado, con un coste de1.451.000 euros, siendo de resaltar que la obra estuvo entre las 42 obras finalistas de los premios que convoca el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).
Sin embargo, en la reforma, la Guardia Civil y el Ministerio del Interior, olvidaron que dentro del edificio trabajan personas que, aunque no parecen querer entenderlo, tienen unos derechos laborales que deben respetarse.
En este caso, la Guardia Civil no instaló sistemas de refrigeración que reduzcan las altas temperaturas que se alcanzan dentro de las instalaciones.
La Guardia Civil tiene conocimiento de la situación desde el mes de agosto de 2018, cuando la oficina de riesgos laborales emitió un informe informando de los riesgos para la salud que generan las altas temperaturas.
Sin embargo, la Guardia Civil ha decidido no cumplir con sus obligaciones, alegando falta de presupuesto, obviando los miles de euros que destina anualmente para desfiles y actos de protocolo (que parecen tener prioridad, frente a la salud de los trabajadores).
Ante la inactividad de la Guardia Civil para solucionar el problema, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) hemos decidido formular denuncia ante Inspección de Trabajo a la espera de una resolución favorable y que obligue a la Guardia Civil a cumplir con sus obligaciones, que no pueden estar subordinadas a la disposición económica.
Resulta cuando menos absurdo que nuestro Gobierno se permita incumplir la legalidad en materia de riesgos laborales, mientras sanciona a las empresas que trabajan en España por ese incumplimiento.
Bajo la misma justificación que ahora utiliza la Guardia Civil (la falta de dinero), ¿podrán el resto de empresas españolas incumplir la legislación nacional y europea en materia de riesgos laborales? La verdad es que lo dudamos, lo que nos demuestra, una vez más, que la salud y seguridad de los guardias civiles no importa a un Gobierno que impone sanciones para garantizar la salud de los trabajadores, pero se olvida de la salud de los guardias civiles y permite que no se respeten las disposiciones mínimas impuestas desde la Comisión Europea.
