Los servicios jurídicos de AUGC han logrado una nueva victoria en los tribunales en defensa de una afiliada. En este caso el éxito corresponde a la delegación de Alicante y a una agente destinada en el puesto de Novelda, que causó baja para el servicio con motivo de un embarazo catalogado de alto riesgo. Posteriormente, mientras se encontraba en esa situación solicitó cambio de destino al Puesto de El Campello, y la Administración le dejó de abonar el Complemento Específico Singular (CES) por no haberse incorporado al nuevo destino, pese a que la baja laboral era motivada por una situación de embarazo de alto riesgo.
Fue entonces cuando la afiliada se puso en contacto con los servicios jurídicos de AUGC, y siendo representada por el letrado de la Delegación de Alicante, Alberto Manuel Mollá Díez, formuló el correspondiente recurso contencioso para reclamar dichos complementos específicos singulares que se le dejaron de abonar, logrando que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconociera finalmente el derecho de la afiliada a cobrar los mismos, por considerar que en la situación de embarazo por riesgo se tiene derecho a seguir cobrando ese complemento, aun cuando ya hayan pasado más de tres meses desde que se inició la baja, y aunque la funcionaria no haya podido tomar posesión de su nuevo destino como consecuencia de su situación de baja por esa contingencia.
En dicho procedimiento, el Tribunal, con fecha del pasado día 19 de julio, además de estimar el recurso presentado por la afiliada de AUGC impuso una vez más a la Administración del Estado la obligación de hacerse cargo de las costas procesales.
Desde la Junta Directiva Provincial de AUGC Alicante queremos mostrar nuestra satisfacción por la sentencia estimatoria para nuestra afiliada y felicitar a nuestros servicios jurídicos y a nuestros afiliados por este nuevo logro, aunque por otro lado queremos denunciar y lamentar como una y otra vez tiene que ser el ciudadano el que salga perjudicado viendo cómo se dedican recursos económicos a pagar las costas judiciales en condenas a la Guardia Civil por sus nefastas resoluciones.
