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El abogado que estafó a guardias civiles vuelve a juicio y afronta 6 años de prisión
El abogado que estafó a guardias civiles vuelve a juicio y afronta 6 años de prisión
FUENTE: El Faro de Vigo FECHA: 20/10/2014
Ya han transcurrido más de dos años desde que el abogado Miguel Ángel V.G. era condenado en Vigo a casi dos años de cárcel por estafar a tres agentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), colectivo con el que tenía un contrato de prestación de servicios para sus asociados. Y ahora, tras haber permanecido un año y medio en situación de busca y captura y ser localizado este pasado verano en Torrejón de Ardoz (Madrid), este letrado está próximo a volver a sentarse en el banquillo. En esta ocasión lo hará por hechos prácticamente idénticos, aunque, además de guardias civiles, también hay particulares entre las presuntas víctimas del fraude. El fiscal formula acusación por 6 delitos de deslealtad profesional -según cada supuesto, también concurren estafa, falsificación de documento privado o apropiación indebida- y pide que sea condenado a 6 años de cárcel, otros 16 de inhabilitación especial y a multas que suman 72.000 euros.

Este letrado perteneció al Colegio de Abogados de Madrid, que por su conducta le abrió expediente disciplinario y cuya junta de gobierno acordó su baja colegial total en febrero de 2009. Los hechos que se le imputan en el juicio que se celebrará en Vigo -tras la presentación de los escritos de acusación y defensa el proceso sólo está pendiente de que se le ponga fecha a la vista oral- ocurrieron entre 2004 y 2009. Y corresponden a seis perjudicados, para los que la Fiscalía solicita indemnizaciones por el dinero que abonaron al acusado para que les llevara casos judiciales sin que éste se los resolviese, además de por los perjuicios provocados con su supuesta negligencia.

Uno de los denunciantes es el presidente de una comunidad de propietarios de un edificio de Vigo, que en 2007 abonó al letrado 1.200 euros para que le llevase un asunto relacionado con la comunidad y otros 300 por un caso a título particular de carácter laboral. Y, según relata el fiscal, el abogado no sólo se quedó con el dinero entregado sin realizar ninguna de las gestiones encomendadas, sino que también, para simular que lo había hecho, llegó a entregar al cliente demandas, con sellos de registro y notificación, y una providencia judicial que resultaron ser falsas.

También habría sido víctima de este abogado un transportista que le pagaba 120 euros al mes en virtud de un contrato de asesoramiento jurídico firmado en 2004 y al que, relata el Ministerio Público, ocultó entre otras cuestiones la inadmisión a trámite de un juicio de reclamación de cantidades, el archivo de otro o un acuerdo por el que le correspondían casi 2.000 euros, cantidad que el acusado se quedó en su particular beneficio sin entregárselos a su cliente.

También en 2004 un agente confió en el jurista para que le tramitase varios pleitos, entre ellos una solicitud de indemnización y una reclamación de carácter laboral contra la Dirección General de la Guardia Civil. En este caso, el imputado supuestamente comunicó al cliente que había presentado recursos judiciales sin que esto fuese cierto. Otro perjudicado que en 2008 reclamó 300.000 euros de indemnización al Tribunal Constitucional se encontró con que el abogado, al que había abonado 400 euros, no llegó a realizar ninguna gestión, haciéndole perder los plazos para las actuaciones judiciales oportunas. Y en 2009, estafó supuestamente a otro cliente que le había contratado ya que quería modificar a la baja la pensión de alimentos que debía abonar a su hijo. El letrado no llegó a hacer, concluye el fiscal, ninguna actuación.

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