Suspendidos seis meses los guardias civiles que se manifestaron en 2008
El Ministerio del Interior ha impuesto una sanción de seis meses de suspensión de empleo y sueldo para los dirigentes de las asociaciones de guardias civiles que fueron expedientados hace un año por manifestarse junto a los sindicatos de la Policía Nacional el 18 de octubre de 2008 en Madrid.
Así lo han avanzado a Efe fuentes del instituto armado, que han explicado que la sanción es eludible siempre y cuando los agentes expedientados, dirigentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y de la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), no cometan ninguna otra falta en los próximos dos años.
Los agentes sancionados son además miembros del Consejo de la Guardia Civil y, entre ellos, se encuentran el secretario general de AUGC, Alberto Moya, y otros tres miembros de su Junta Directiva.
Los expedientes disciplinarios, abiertos hace más de un año, estuvieron motivados por la asistencia de estos guardias civiles a la manifestación convocada por los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía el 18 de octubre de 2008 en demanda de mejoras profesionales para los agentes.
En los días previos a la protesta, el propio director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ya advirtió de que la participación de los agentes del instituto armado en actos sindicales podría ser considerada como una falta muy grave, castigada incluso con la expulsión del Cuerpo.
A pesar de estas advertencias, los dirigentes de AUGC y UniónGC acudieron a cara descubierta a la manifestación por las calles de Madrid, a la que se sumaron miles de policías y guardias civiles.
Uno de los sancionados, el secretario de Comunicación de AUGC, Juan Antonio Delgado, ha lamentado la decisión de la Dirección General de la Guardia Civil y ha anunciado que se abre una "etapa dura" en las relaciones con el Ministerio del Interior.
En declaraciones a Efe, Delgado ha recordado que todos los expedientados son vocales del Consejo de la Guardia Civil, el órgano que vela por los intereses de los agentes por lo que, en su opinión, la sanción es un ataque sin precedentes a la representación de los trabajadores del instituto armado.