La AUGC alude a «fuentes no oficiales» para afirmar que no presenció la toma de declaración del detenido
La reciente puesta en libertad con cargos de un vecino de Caldas que encañonó a un guardia civil ha generado una oleada de críticas en el seno del cuerpo armado. Tras su arresto, F.M.B.A., de 31 años, fue puesto a disposición judicial y el juzgado decretó su puesta en libertad con cargos con la única medida cautelar de comparecer «cuando fuese llamado y, en todo caso, los días 1 y 15 de cada mes».
En este punto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles carga tintas contra la Fiscalía de Pontevedra, al considerar que, «según fuentes no oficiales, el representante del ministerio público no se encontraba presente para solicitar medidas cautelares más adecuadas a la situación y antecedentes».
Este colectivo, mayoritario en la Guardia Civil, se ha echo eco del malestar existente entre los agentes para advertir que situaciones similares a esta «se vienen repitiendo cada vez más a menudo», por lo que tienen «la sensación de estar solos y, lo que es peor, abandonados».
En este punto, y tras recordar que el sospechoso tenía en el momento de su arresto antecedentes policiales por tenencia ilícita de armas, el colectivo advirtió de que «pudo haber ocasionado un incidente de consecuencias irreparables». De hecho, nada más encañonar al agente, se produjo un forcejeo, en el transcurso del cual pudieron desarmar a este vecino de Caldas. Fue entonces cuando comprobaron que la pistola que portaba estaba completamente cargada, «es decir solo quedaba apretar el gatillo».
La AUGC precisó que no solo la integridad de los guardias civiles que intervinieron corrió un riesgo, sino también la de los clientes que se encontraban en el interior del bar donde se produjo la detención.
En este punto, el colectivo mayoritario en la Guardia Civil exigió medidas cautelares «realmente contundentes», así como anunció que empezará a denunciar este tipo de situaciones que crean «alarma social».