Este domingo 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una tragedia que afecta especialmente a la Guardia Civil, donde, según viene denunciando AUGC desde hace años, es el gran drama oculto en el Cuerpo.
De hecho, se trata de un grave problema que este año se ha recrudecido. Así, la ya insoportable estadística de un suicidio de un guardia civil cada 26 días durante las últimas décadas ha experimentado un fatal repunte en 2017, año en el que en apenas ocho meses se han quitado ya la vida catorce trabajadores de la institución. En este sentido, este verano está siendo especialmente trágico, con ocho agentes que decidieron quitarse la vida entre julio y agosto, lo que sitúa el promedio de suicidios este año en la Guardia Civil en casi uno por quincena. Esto significa que incluso con cuatro meses aún por delante, 2017 haya superado ya la cifra de suicidios del año anterior, alcanzando la cifra más alta de los últimos seis.
Pese a esta evidencia, y pese a su reiterada denuncia por parte de AUGC, que reclama un plan efectivo de prevención de esta conducta en el Cuerpo, la Dirección General de la Guardia Civil y el Gobierno parecen estar más preocupados de ocultar los datos.
La magnitud del problema es también patente si analizamos los datos generales del Instituto Nacional de Estadística sobre el sucidio en España y los comparamos con los que se producen en la Guardia Civil, estos que revelan que la tasa suicidios en guardias civiles es 2,54 veces más que la población equivalente por edad en España.
La razón esgrimida por la DGGC para explicar el alto número de suicidios es la facilidad para el acceso a un arma. En nuestra opinión esta circunstancia no parece suficientemente significativa, pues son bastantes los casos en que el medio empleado es distinto al de disparo y que, en otros (en los que el agente sí se autodisparó), tenía retiradas sus armas. Aunque no hay estudios comparados, todo parece indicar que no hay una mayor tasa de suicidios en otros colectivos con armas, por ejemplo, cazadores, aunque sí (pero en menor medida) en CNP y FFAAs, y posiblemente, por las mismas razones ambientales/laborales.
Problema sanitario mundial
La OMS (Prevención del suicidio: un imperativo global) estableció recomendaciones en 2008 y en 2012 para activar un plan de salud (2015-2020) que permitiera su disminución en todo el mundo (800.000 anuales, con un aumento del 60% en los últimos 45 años).
En España aún no se han hecho políticas activas para su prevención o los resultados no lo corroboran. La propia OMS destaca que parte del problema es la falta de sensibilización sobre su importancia y el tabú que le rodea.
En la Guardia Civil, tras un primer protocolo de actuación para la prevención de conductas suicidas en 2002, se han elaborado diferentes Planes de actuación preventiva (2005 y 2010) y dictado instrucciones específicas a los Servicios de Psicología del Cuerpo para afrontar el problema del suicidio. Resulta evidente que este protocolo no ha funcionadol.
Por otro lado, se han dejado de publicar datos sobre suicidios en el ámbito de la Guardia Civil. Se ha mantenido relegado al personal susceptible de sufrir una situación de riesgo, que ha sufrido consecuencias negativas a nivel profesional (pérdidas de destino, de especialidad o, incluso, de su profesión por “pérdida de aptitud psicofísica”. En muchas ocasiones, el agente con problemas psicológicos busca ayuda externa, pues asocia el escalón de psicotecnia con el mando al que atribuye la fuente de sus problemas, llegando a suponer que está más al servicio de la institución que al del propio agente que busca ayuda.
Por otro lado, se ha creado un ambiente de negación del problema: bien diciendo que las tasas de suicidio no son superiores a la media, bien recomendando que no se hable de la cuestión por contraproducente, bien afirmando que es debido a la facilidad de acceso a un arma, bien estableciendo que el 90 % de los resultados de muerte entre guardias civiles son por causas de índole personal, pero eso sí sin aportar ningún estudio que corrobore esta afirmación. Aunque dando por cierto estos datos, quedaría sin explicación medio centenar de casos, de vidas perdidas, por motivos intrínsecos a la pertenencia al cuerpo armado. La propia aplicación de un Código Penal Militar en tiempos de paz es un anacronismo y una anomalía democrática que afecta a las relaciones laborales de los guardias civiles.
Parecen más lógicas las premisas de Daniel J. López Vega cuando cita (en su libro ¿Todo por la patria?) como factores que pueden influir en la elevada tasa en la Guardia Civil tales como “los estilos de liderazgo y dirección, el número de sanciones disciplinarias, el clima de conflictividad, el nivel de selección, etc.”, pues explicarían las diferencias de este colectivo respecto de la población general, pero también de grupos similares como pueden ser CNP o FFAAs. El estudio evidencia una falta de adaptación por parte de la Guardia Civil a las nuevas relaciones laborales, pues la institución permanece anclada a su propio legado histórico y concernida a un rancio abolengo el cual impide cambios y adaptación a nuevas maneras de relacionarse internamente.
Desde AUGC reiteramos que este drama no puede seguir siendo ignorado por el Gobierno. Las cifras no pueden discutirse. No se trata de buscar culpables, sino de encontrar entre todos soluciones a una tragedia que cada año destroza muchas familias.
