Ayer día 11 de julio tuvo lugar la declaración testifical del secretario general de AUGC, Alberto Moya, en el seno de las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de la Sala Quinta del Tribunal Supremo en virtud de la denuncia interpuesta por la asociación el pasado día 3 de junio para depurar las presuntas responsabilidades del Mando de Operaciones. Se trata de ver si el hecho de no cumplir la orden expresa del Director General de la Guardia Civil, dada en la Disposición final tercera, párrafo tercero, de la Orden General, número 11, dada en Madrid a 23 de diciembre de 2014, por la que se determinan los regímenes de prestación del servicio y la jornada y horario del personal de la Guardia Civil, puede revestir los caracteres de ilícito penal militar.
El General auditor fiscal investigador ha centrado el interrogatorio, sorprendentemente, en preguntar si se conocía la existencia de algún pilotaje en alguna unidad sobre turnos, sin preguntar nada sobre las consecuencias gravísimas del incumplimiento de la orden expresa dada sobre asuntos del servicio tan relevantes como son los turnos. No deja de ser chocante este “sesgo” del interrogatorio a un testigo, pues, más parece que el investigado sea el declarante o la propia asociación.
Sin perjuicio de lo anterior, además de ratificarse en lo ya expuesto en la denuncia, el representante de AUGC ha señalado que esta orden, que afecta al servicio y que se está incumpliendo, está perjudicando a miles de guardias civiles y sus familias, de modo que en cumplimiento de los fines que tienen asignadas las asociaciones profesionales se decidió interponer la denuncia correspondiente.
Independientemente de la misma, AUGC seguirá trabajando a todos los niveles institucionales y sociales hasta que se vean satisfechas las legítimas demandas de los guardias civiles, en cuanto a la prestación del servicio con una jornada laboral digna.
