Ayer tuvo lugar en un Juzgado de Instrucción de Madrid la declaración en calidad de investigado del Subdirector General de Apoyo de la Guardia Civil. La razón es su cuestionable actuación instando la suspensión inmediata de la aplicación y efectos de un protocolo suscrito entre el SUP y AUGC.
Además, el investigado ordenaba "proceder a la extinción de su validez y de otros de sus misma naturaleza que pudiera tener suscritos".
La tesis sostenida por los servicios jurídicos de AUGC es que carecía de competencia para ello y que prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
Ahora, la justicia deberá determinar el alcance y relevancia penal de esos hechos, que afectan gravemente al derecho fundamental de asociación de miles de guardias civiles, a los que se pretende aislar para que no pueden tener contacto alguno con los demás miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
