El lunes, 14 de noviembre ha tenido lugar en la Universidad Europea de Madrid una jornada organizada por AUGC, donde juristas de reconocido prestigio, del ámbito de la justicia, académico y de la abogacía; así como diputados de la cuatro grupos políticos más representativos, abordaron cuestiones sustanciales para los guardias civiles; entre ellas, los derechos a la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación, el derecho de sindicación y la aplicación del nuevo Código Penal Militar a los miembros del Cuerpo.
Inauguró las jornadas el Secretario general de AUGC, Alberto Moya, recordando que hacía justamente un año que se produjo una manifestación que recorrió las calles adyacentes a los órganos centrales de la Dirección General de la Guardia Civil, en la que participaron más de 15.000 guardias civiles, y donde se exigieron los derechos fundamentales y profesionales que todavía a día de hoy, la democracia niega a lo integrantes del mayor cuerpo de seguridad del país. Reivindicaciones que no solo no se han atendido, sino que la situación se ha agravado en los últimos años, debido a la insuficiente regulación de los mismos que ha sido aprovechada por algunos poderosos, para interpretarlos de forma restrictiva, o directamente prohibitiva.
Francisco Javier de León, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, abordó la aplicación del Código Penal Militar aprobado en el año 2015, señalando que la actual redacción ha vuelto a hacer aplicable los cinco títulos de dicha norma penal militar, a los guardias civiles, es decir, que si antes era excepcional procesar a un miembro de la Guardia Civil por un delito militar, hoy es lo general, incluso en el ejercicio de sus funciones policiales, y también en su ámbito privado. De León fue muy crítico con esta norma e incluso aventuró como hipótesis la necesidad de que el legislador comience a plantearse la supresión de la jurisdicción militar para que se convierta en una mera especialización de la jurisdicción ordinaria.
Intervino a continuación, Fernando Pignatelli Meca, Magistrado del Tribunal Supremo, que expuso el estado jurisprudencial de los derechos fundamentales de libre expresión y de reunión, advirtiendo que en las democracias consolidadas, no se pueden establecer límites desmesurados a los mismos, ni siquiera a los miembros de cuerpos militares. Sin embargo, las últimas reformas del Régimen Disciplinario de las FAS – aplicables también a los guardias civiles – y de la Ley Orgánica del derecho de reunión, restringen enormemente estos derechos, y que así lo ha expresado en votos particulares que ha emitido en diversas sentencias, aunque también reconoció que no es la opinión mayoritaria de la sala V del Tribunal Supremo. Y es que Pignatelli expuso que no se puede prohibir, ni la crítica fundada de representantes asociativos hacia el mal funcionamiento de los instituciones, ni se puede prohibir una manifestación de guardias civiles por el hecho de que sea reivindicativa, porque si el conflicto es connatural a la naturaleza humana, razón de más que lo sea también a organizaciones como la Guardia Civil, que están formadas por miles de hombres y mujeres.
La tercera intervención fue expuesta por Mariano Casado Sierra, asesor jurídico nacional de AUGC, quien repasó los problemas que está conllevando el desarrollo del derecho de asociación profesional en la Guardia Civil, para concluir que es necesario caminar hacia el derecho de sindicación, pues parece la única posibilidad real de que se garanticen los derechos de los guardias civiles y que se establezcan unas condiciones dignas de vida y trabajo.
Finalizó la jornada con una mesa redonda, donde intervinieron los diputados de la Comisión de Interior del Congreso, José Alberto Martín-Toledano Suárez (Partido Popular), David Serrada Pariente (PSOE), Ricardo Sixto Iglesias (Unidos Podemos) y Luis Miguel Salvador García (Ciudadanos).
Debate enormemente interesante, donde se reflejó el interés de los cuatro partidos mayoritarios en mejorar el régimen de derechos y las condiciones sociolaborales de los guardias civiles. Necesidad de revisión del CPM, avance en las competencias de las asociaciones profesionales, equiparación salarial progresiva e incluso la pertinencia de la reorganización de las 2300 unidades, y en suma modernización de la Guardia Civil, fueron denominadores comunes de todos los portavoces políticos; así como la obligación de llegar a acuerdos en esta materia, dada la actual configuración del Parlamento.
Resaltar también la intervención del portavoz de la Comisión de Defensa del grupo de Ciudadanos, Javier Cano, quien denunció la precaria situación a la que se han visto abocadas cuatro familias de guardias civiles de Cádiz, por declarar estos como testigos, en un juicio, con el apoyo expreso a la Plataforma “No Más Silencio”, y el alarmante número de suicidios en la Guardia Civil, sacado a la luz, en el libro “¿Todo por la patria?”
En conclusión una jornada pionera y fundamental para trasladar a la sociedad, la problemática de los trabajadores y trabajadores de la Guardia Civil. Y que dado el éxito de la misma, tendrá continuación en posteriores eventos en los que se desarrollarán estas y otras cuestiones importantes para los guardias civiles.
