A través de su Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad, la Asociación Unificada de Guardias Civiles se ha dirigido a la Consejera de Sanidad de Canarias, Esther Monzón, para solicitarle que intervenga ante las condiciones en que los guardias civiles tienen que custodiar a los presos en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y en el Hospital Universitario de Canarias. Hace un mes, esta asociación profesional trasladó la problemática a los directores de ambos centros hospitalarios, sin que hasta el momento hayan contestado.
En el escrito tramitado a la consejera autonómica se expone que cuando los guardias civiles trasladan a los internos del centro penitenciario de Santa Cruz de Tenerife para ser atendidos en los servicios de urgencias del hospital Nuestra Señora de Candelaria y, en algunas ocasiones, al Hospital Universitario de Canarias, se ven obligados a custodiarlos en dependencias completamente inadecuadas e inseguras, como salas de espera, pasillos y otras similares. Y esa carencia de dependencias seguras donde poder custodiarlos produce graves riesgos de fuga y para la seguridad de los agentes, de los trabajadores sanitarios, de los ciudadanos, y de los propios internos, tal como se pone de manifiesto en el protocolo de la Secretaría de Estado de Seguridad para las conducciones y custodias de internos de centros penitenciarios.
Además, se produce un perjuicio a la privacidad de los propios internos que, al ser custodiados en esas dependencias con los grilletes y otras medidas de seguridad, son identificados por el resto de personas como reclusos, con todo lo que ello conlleva. De hecho, el Reglamento Penitenciario establece que los internos tienen derecho “a que se preserva su dignidad, así como su intimidad, y a que su condición sea reservada frente a terceros”.
En su escrito, AUGC también plantea la necesidad de que se priorice la atención a los internos del centro penitenciario cuando son atendidos en dichos hospitales, contrariamente a lo que se hace ahora, dejándolos en espera durante muchas horas y aumentando así los riesgos de seguridad antes aludidos. Y ello a pesar de que los protocolos oficiales dejan claro que debe limitarse al mínimo imprescindible el tiempo durante el que los presos permanecen fuera de los establecimientos penitenciarios, evitando sobre todo su permanencia durante demasiado tiempo en los lugares que carecen de las adecuadas medidas de seguridad, como son esos dos hospitales.
Por ello, en el escrito registrado a la Consejera de Sanidad se recuerda que, según datos oficiales de Instituciones Penitenciarias, en 2024 se triplicaron las evasiones de internos de centros penitenciarios producidas cuando se encuentran en centros hospitalarios y clínicas médicas, suponiendo ese tipo de fugas nada menos que el 60% de todas las registradas durante ese año.
En ese sentido, el protocolo de Interior para este tipo de servicios ordena que “el centro penitenciario interesará del servicio médico la atención prioritaria del interno, por estrictas razones de seguridad”. Sin embargo, la directora del centro penitenciario de Tenerife no ha respondido aún al escrito que le dirigió AUGC hace un mes pidiéndole que interviniera dentro de sus competencias para solucionar estos problemas. Quien sí ha contestado a esta asociación ha sido el jefe provincial de la Guardia Civil, el coronel Ángel Sanz, calificando las dependencias de custodia en esos centros hospitalarios como “bastante mejorables desde el punto de vista de la seguridad y privacidad”, y compartiendo la preocupación de AUGC por esas carencias, a la vez que se compromete a insistir en ese sentido en las comunicaciones con los responsables de ambos hospitales.
Transferencia de la sanidad penitenciaria
AUGC también pone de manifiesto en su escrito que el gobierno estatal y los ejecutivos autonómicos están incumpliendo desde hace más de veintidós años la ley que obliga a transferir los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud, a pesar de que mejoraría la atención sanitaria que reciben los internos y disminuiría considerablemente el excesivo número de conducciones y custodias que se realizan actualmente, lo cual a su vez reduciría mucho las fugas, los riesgos de seguridad y las miles de consultas y pruebas médicas canceladas por falta de agentes para trasladarles –más de 17.000 cancelaciones en los últimos ocho años–.
El propio Defensor del Pueblo pone de manifiesto en sus informes la necesidad de que se materialice lo antes posible esta transferencia competencial, haciéndose eco de lo establecido por el comité del Consejo de Europa.
Sin embargo, ante el requerimiento efectuado por la Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad de AUGC hace unos meses, el Gobierno de Canarias se limitó a responder que hasta el momento no ha realizado petición formal de inicio de las negociaciones tendentes a dicho traspaso, sin especificar si va a hacerlo o no en un futuro próximo, ni los motivos por los que no lo ha llevado a cabo, habiendo transcurrido ya un año y medio desde que recibió la propuesta del gobierno central al respecto.
Por ello, AUGC ha solicitado a la Consejera de Sanidad que traslade a su ejecutivo la necesidad de iniciar las negociaciones para materializar el traspaso de la competencia sobre la sanidad penitenciaria en su comunidad autónoma. Porque la situación actual no solo perjudica a los internos de los centros penitenciarios, sino que además afecta considerablemente a la operatividad de las unidades de la Guardia Civil que se encargan de realizar las conducciones y traslados de tres de las cinco prisiones existentes en la comunidad autónoma –Tenerife, Salto del Negro, Tahiche–.
Debe tenerse en cuenta que actualmente, unos 150 médicos tienen que atender aproximadamente a 56.000 internos en las prisiones españolas, por lo que el número de facultativos no llega ni al tercio de los que debería haber como mínimo, según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP).
Además, el 80% de los médicos que trabajan en los centros penitenciarios tienen edad de jubilarse, y apenas se está cubriendo el 10% de las plazas que se ofertan por la falta de opositores interesados en ellas. Esta da lugar a una sobrecarga de trabajo para los escasos facultativos disponibles y que los enfermeros lleven mucho tiempo asumiendo funciones que no les corresponden.
La situación es tan acuciante que muchas de las prisiones han tenido que recurrir temporalmente a contratar sanidad privada, gastando cientos de millones de euros que deberían dedicarse a mejorar los servicios sanitarios penitenciarios, porque esos contratos son parches que no solucionan el problema.
