AUGC continúa vigilando de cerca que cada guardia civil cuente con su chaleco antibalas individualizado, cuestión que la Dirección General de la Guardia Civil según su ultima respuesta a petición de AUGC, pretende culminar durante este año 2023. La presión de nuestra organización en los últimos años ha sido clave en un avance que todavía, sin embargo, sigue siendo lento.
Según escrito de la Dirección General, "en el año 2023 existirían 58.000 chalecos, lo que permitiría alcanzar la ratio de un chaleco antibalas de seguridad ciudadana por guardia civil que desarrolla misiones donde sea susceptible el uso del mismo" pero a criterio de AUGC aún quedan muchos agentes que no cuentan con su propio chaleco como es el caso de unidades de Seguridad Ciudadana y especialidades o existen problemas de talla en chalecos femeninos. Es necesario que estos estén perfectamente adaptados a la anatomía de forma individualizada, tanto en el caso de las mujeres como de los hombres.
Estamos hablando de vidas en juego. Por ello mismo, nos comprometemos a seguir vigilando estrechamente el cumplimiento de estas previsiones que nos llegó desde la Dirección General. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha reiterado en numerosas ocasiones lo necesario que es que llegue el material a los componentes de toda España. Tenerlo o no puede significar la vida o la muerte ante los impactos de armas de fuego o agresiones con armas cortas o punzantes que se pudieran producir en servicios e intervenciones, pero parece que la cuestión no tiene la misma importancia para la Administración.
Durante el año 2022 las agresiones a los guardias civiles aumentaron considerablemente, con agresiones que van en aumento cada año en todo el país. Por ello esta prenda es muy necesaria para el servicio. Debemos de disponer del suficiente material de defensa y protección, de unos recursos actualizados y ajustados a la actualidad para que en el año 2023 esta cifra no siga aumentando. Los guardias civiles están en el punto de mira continuamente por lo que reclamamos más apoyo institucional así como un endurecimiento de las penas para poder desempeñar las funciones con mayores garantías y los menores riesgos posibles.
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