AUGC ha remitido un requerimiento al Consejo de Ministros para el cumplimiento de la Cláusula Octava del Acuerdo entre el Ministerio del Interior y los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, Esta Cláusula establece que el Ministerio del Interior impulsará las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones.
Lo establecido en la Cláusula Octava del Acuerdo es, por tanto, uno de los hitos y compromisos que se relacionan con el pleno e íntegro cumplimento del acuerdo como parte esencial del proceso de equiparación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares.
Por ello y como quiera que el Gobierno tiene reconocido constitucionalmente la iniciativa legislativa encomendándosela al Consejo de Ministros como órgano colegiado, ex artículo 88 de la Constitución española, a la vista del contenido de la Cláusula Octava del Acuerdo, instamos a que se cumpla lo allí acordado, mediante la puesta en marcha del proceso necesario al efecto.
Es un hecho notorio que cuando han transcurrido más de dos años de la suscripción del citado acuerdo el Gobierno ha incumplido lo acordado en la reiteradamente citada Cláusula Octava del Acuerdo. Esto además de suponer una inactividad contraria al ordenamiento jurídico por parte del Gobierno, supone la consagración de una situación que está afectando muy negativamente a la plena equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares, al impulso de la modernización, a la mejora la calidad en la prestación del servicio y de las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
A la vista de todo esto, desde AUGC se requiere al Consejo de Ministros a fin de que dé estricto cumplimiento a lo previsto en la Cláusula Octava del Acuerdo entre el Ministerio del Interior y los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Transcurrido el plazo legal previsto para atender este requerimiento, procederemos a instar las acciones jurisdiccionales para su efectivo cumplimiento o, en su caso, para instar las acciones previstas en el ordenamiento jurídico para exigir la salvaguardia de derechos fundamentales y profesionales que se hayan podio ver afectados por la citada inactividad y exigencia de responsabilidades derivadas de los daños que tal inactividad haya podido causar a los servidores públicos destinatarios del Acuerdo.
