Representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles se han reunido con la Viceconsejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Ana Corredera, acompañada de la Secretaria General de Servicios Judiciales y la Directora General de Planificación. Por parte de AUGC han asistido el secretario general de la federación andaluza, el coordinador de la Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad, y el secretario general de la delegación de Sevilla.
Los representantes asociativos han dejado claro que los destinos de personal de reserva en sedes judiciales deberían asignarse en función de la antigüedad y no por libre designación como se hace actualmente, para evitar las situaciones injustas que se vienen produciendo y mejorar la seguridad en dichos edificios. Desde la Consejería se ha informado que próximamente se firmará la Adenda al Convenio con Interior para la seguridad de los edificios judiciales en Andalucía. Además, se ha hablado sobre la remodelación y el traslado de los juzgados de Sevilla a la nueva sede de ‘Palmas Altas’, así como la necesidad de implementar personal para cubrir los servicios en la nueva sede y en el resto.
Por otro lado, se ha expuesto la necesidad de que las sedes judiciales tengan garajes con acceso directo y restringido para poder extraer con la suficiente seguridad a los presos y detenidos de los vehículos celulares y policiales, para evitar los riesgos de fugas y agresiones que se producen cuando esos cometidos se llevan a cabo en plena calle. AUGC se ha comprometido a proponer soluciones concretas para aquellos juzgados que, por su antigüedad o idiosincrasia, no admiten la habilitación de garajes.
Además, se han puesto de manifiesto los graves problemas de seguridad que se originan durante la custodia de internos de centros penitenciarios, habitualmente durante varias horas, en centros hospitalarios que carecen de dependencias adecuadas y separadas del resto de pacientes y usuarios. Las representantes autonómicas se han comprometido a trasladar a la Consejería de Salud las propuestas de AUGC en ese sentido.
Se ha trasladado también la necesidad de que se cumpla lo establecido en una ley de hace 20 años y se transfieran a las Comunidades Autónomas los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias para su plena integración en los correspondientes servicios de salud, porque esa transferencia de competencias sería beneficiosa tanto para el Ministerio del Interior como para las propias administraciones autonómicas, y sobre todo para las personas internas en los centros penitenciarios, que de ese modo tendrían una mejor atención sanitaria y no perderían consultas y pruebas médicas, como ocurre actualmente –más de 13.000 citas perdidas en los últimos seis años debido a la falta de agentes para trasladarles–.
Otra de las propuestas realizadas por AUGC es que se requiera a Interior para que agilice los trámites necesarios al objeto de renovar la flota de vehículos celulares de la Guardia Civil, que en Andalucía superan la media nacional de antigüedad, con el fin de que cumplan las especificaciones técnicas mínimas, así como que mientras tanto se impartan instrucciones para que dejen de utilizarse los vehículos que no reúnen dichos requisitos mínimos de seguridad, porque se está trasladando a los presos y detenidos sin cinturones de seguridad y con asientos rudimentarios orientados lateralmente, con los graves riesgos que implica para su integridad física e incluso su vida, teniendo en cuenta que esos vehículos recorren miles de kilómetros al año.
Por último, en el encuentro se han abordado las propuestas de AUGC para mejorar la seguridad ciudadana en Andalucía, que incluye la reestructuración del despliegue territorial de la Guardia Civil en la comunidad autónoma, mediante una comarcalización de las unidades actualmente inoperativas, de modo que se agrupen los efectivos ahora dispersos en unidades capaces de cubrir las necesidades de seguridad de todas las poblaciones, porque así se conseguiría reducir el personal dedicado a funciones administrativas e incrementar el número de efectivos para cometidos netamente policiales, lo cual permitiría contar con más patrullas en todos los municipios, para lo cual sería necesario impulsar el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial en lo referido a la incorporación de agentes en situación de reserva dedicados a otras tareas policiales.
Y también se ha propuesto la dotación de personal propio para los nuevos equipos especializados que se han ido creando (robos en el campo, violencia de género, ciberdelincuencia, seguridad aeronáutica), los cuales son necesarios y útiles, pero no del modo en que están funcionando actualmente, detrayendo efectivos de los puestos de seguridad ciudadana y agravando así el problema de déficit de plantilla que ya padecen esas unidades.
