El grave y creciente problema de seguridad ciudadana en relación a la delincuencia que genera el narcotráfico en la provincia de Cádiz, como puerta de entrada de estupefacientes en Europa, es una cuestión que llevamos años abordando, y que nos vemos obligados a retomar a raíz de los trágicos sucesos ocurridos en Barbate, el pasado 9 de febrero, en el que fallecieron dos compañeros guardias civiles en acto de servicio.
Para ello, hemos actualizado un meticuloso documento donde se desarrolla el Plan que presentamos. En él exponemos los antecedentes de la situación geoestratégica de la provincia de Cádiz y además reclamamos la reactivación de la unidad especializada en la persecución contra el narcotráfico y sus bandas, OCON-SUR, con su correspondiente consolidación y potenciación.
Nuestro Plan engloba diferentes propuestas. Entre ellas la Zona de actuación, que vendría a suponer la declaración de la Zona de Especial Singularidad (ZES) debería comprender, al menos, el conjunto del territorio formado por la provincia de Cádiz, la Ciudad Autónoma de Ceuta, y toda su área marítima de influencia, toda vez que las circunstancias que se analizan en este informe, afectan en mayor o menor medida al conjunto de Unidades desplegadas en esta demarcación, desde la desembocadura del Guadalquivir con las poblaciones de Trebujena, Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, siguiendo por toda la línea de costa hasta el límite de provincia con Málaga.
Del mismo modo, manifestamos la declaración de Profesión de riesgo para los guardias civiles y policías. No reconocer la especial peligrosidad y penosidad que nuestra labor conlleva, no solamente es un sinsentido, sino que supone un agravio cuando otras policías locales o autonómicas ya contemplan índices reductores para el cómputo de la jubilación anticipada: según recoge el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, existen profesiones con jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo, donde trabajadores que desempeñan actividades especialmente peligrosas pueden acceder a la pensión antes. Policías y guardias civiles nos merecemos los mismos derechos.
También nos parece de vital importancia ampliar el Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT) que debería aumentar al menos, y en términos globales, en alrededor del 20% de las actuales plantillas del personal operativo y, al menos, en un 30% en los servicios de investigación.
Destacar que urge un incremento de los medios y para ello debe hacerse un especial esfuerzo en aumentar y mejorar los medios materiales que, actualmente, se demuestran “rudimentarios” para combatir a los recursos cada día más sofisticados de los narcotraficantes. Incluyendo los medios tecnológicos, los medios de autoprotección a los agentes, así como medios intermedios de defensa como son las pistolas Táser, vehículos adecuados para la actividad delincuencial característica en la zona, como son las embestidas, ampliación de las unidades especializadas en el narcotráfico y blanqueo de capitales, logística adecuada para la gestión de vehículos, embarcaciones y mercancías aprehendida, puesto que su actual tratamiento y custodia recaen en las unidades del Cuerpo, restando recursos para la actividad propiamente policial, etc.
En la misma línea, creemos que es importante modificar varias medidas legislativas para mejorar la seguridad de los agentes y de la lucha contra el narcotráfico. Estas medidas van desde la modificación del Código Penal y endurecimiento de las penas por agresiones a los agentes hasta la persecución penal de la compra/venta y uso de embarcaciones rápidas del tipo utilizado en los delitos de contrabando y narcotráfico, entre otras que mencionamos y detallamos en el informe.
Pero las anteriores propuestas no son suficientes sin la implementación de medidas concretas que impidan la desmotivación de los guardias civiles dedicados a esta importante labor. Como son los incentivos profesionales, económicos y sociales para los guardias civiles y su unidad familiar.
Finalmente, queremos hacer hincapié en que llevamos demasiados años realizando esta propuesta para hacer de la Provincia de Cádiz una Zona de Especial Singularidad que sirva para paliar los efectos negativos que afectan de manera especial y concreta dicho territorio.
Con este informe queremos impulsar de nuevo nuestra acción para implementar un plan urgente en esta zona tan estratégica de España, en la que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se encuentran vulnerables ante la lacra del narcotráfico.
Adjuntamos el informe al final del comunicado para su visualización.
