La situación, lejos de solucionarse, va a peor. Cada semana, los guardias civiles se convierten en el pim, pam, pum de los delincuentes, que saben lo barato que les sale agredir a un trabajador de la seguridad pública.
Unas agresiones que son cada vez más frecuentes en zonas azotadas por el narcotráfico, como las provincias de Cádiz y Málaga, o en territorios fronterizos, como Ceuta y Melilla, pero que se extienden también por el resto de España.
Por eso AUGC lleva pidiendo de manera reiterada a lo largo de los últimos años que se refuerce la protección judicial tanto a los guardias civiles como a sus familiares ante las amenazas y agresiones que sufren.
Estas agresiones suponen un gran daño para los guardias civiles y sus familiares. No sólo desde el punto de vista físico, sino también psicológico e incluso económico, ya que los periodos de baja suelen comportar una merma en sus nóminas.
Por otra parte, el agente que sufre una agresión no recibe ante los tribunales la protección debida ante la falta de un letrado puesto por la administración (Guardia Civil) para que defienda los intereses del agente en el juicio y evite acuerdos extrajudiciales que supongan que agredir a un agente salga más barato que una sanción administrativa.
Por último, a la hora de la condena, es desolador observar lo barato que sale el agredir a un agente en España. Así nuestro Código Penal (rebajas por acuerdos extrajudiciales aparte) recoge unas penas de 1 a 3 años, lo que genera que, en un gran número de casos, los autores ni ingresen en prisión, ni paguen indemnizaciones (son insolventes), y se rían de los agentes y de la propia Administración (por el perjuicio ocasionado con la baja laboral de los agentes).
Muchos de esos agresores de guardias civiles son puestos en libertad incluso antes de que las víctimas se recuperen de las lesiones, produciéndose por ello una sensación de indefensión que no merecen sufrir unos trabajadores que salen cada día a la calle para defender los derechos de los ciudadanos y el orden público.
Incluso se han dado situaciones en los que los guardias civiles han sido increpados durante su servicio por familiares de sus agresores.
Ante esta situación, desde AUGC exigimos que desde la Dirección General de la Guardia Civil se canalice una reforma profunda del código penal en cuanto a los delitos contra los agentes, al objeto de que se observe el elevado grado de protección con el que cuentan con el fin de evitar que su profesión y los cometidos que desempeñan puedan originar daños en él, sus familias o bienes.
Con ello no sólo se aumentaría la defensa de los trabajadores, sino también la de la propia ciudadanía, ya que quien es capaz de agredir de esa brutal forma a un servidor público poco respeto puede sentir por el resto de sus vecinos.
