La Comisión Europea estudia la denuncia de AUGC para que se reconozca el derecho a compensar las vacaciones no disfrutadas a los GC jubilados

A pesar de incumplir con la Directiva Comunitaria y con nuestro voto en contra, María Gámez sólo reguló este abono financiero en casos de fallecimiento o enfermedad grave, dejando de lado a los compañeros que finalizaban su relación laboral por edad

por Redacción AUGC

Extracto de una de las comunicaciones con la Comisión Europea por el reconocimiento del derecho de a compensación de las vacaciones no disfrutadas de los Guardias Civiles jubilados.
Extracto de una de las comunicaciones con la Comisión Europea por el reconocimiento del derecho de a compensación de las vacaciones no disfrutadas de los Guardias Civiles jubilados.

En octubre del pasado año, la Dirección General de la Guardia Civil aprobaba una norma a través de la que regulaba, única y exclusivamente, la compensación de las vacaciones no disfrutadas en casos de fallecimiento o enfermedad grave. Así, excluyó de la retribución al resto de los trabajadores que sí contempla la Legislación Comunitaria Europea. Ante lo que consideramos un atropello de nuestros derechos laborales, el Equipo Jurídico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles recurrió la norma, iniciando dos vías de defensa de los trabajadores jubilados: Por un lado, presentamos un recurso contencioso administrativo ante la Justicia española; por otro, interpusimos otra denuncia ante la Comisión Europea.

Ahora que los Responsables de la Unidad de Derecho Laboral de la Unión Europea procederán al estudio de nuestra denuncia, estamos en condiciones de afirmar que María Gámez aprobó una norma que no cumple, ni de lejos, lo requerido por la Institución Europea. Desconocemos si lo hizo de forma intencionada, pero lo que está claro es que hay un patente propósito de no respetar a la totalidad de trabajadores que incluye la Directiva comunitaria. Recordamos que hay un claro reconocimiento de Europa y queda establecido de la siguiente forma: “El derecho a una compensación financiera en concepto de vacaciones anuales no disfrutadas al concluir el contrato de trabajo, con independencia del motivo de dicha conclusión y de si los trabajadores estaban en situación laboral activa o de baja por enfermedad, o por cualquier otro tipo de permiso”.

La lucha para lograr que todos los compañeros jubilados obtengan el reconocimiento del derecho a la compensación por las vacaciones no disfrutadas fue iniciada por AUGC en 2014. Ese año, la Dirección General de la Guardia Civil recibió un escrito en el que solicitamos el abono. En un intento de persuadir el requerimiento, la DGGC defendió pagar lo que el Ministerio de Hacienda indica. No sería hasta 2016 cuando Hacienda reconoció que estaban equivocados. Fue necesario que interfiriera el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en defensa del derecho de retribución de una compañera que se jubilaba por enfermedad y no había disfrutado de sus vacaciones correspondientes. Tras la defensa, AUGC elaboró una denuncia en 2016 para que la Comisión Europea tuviera conocimiento del caso. Entonces, Europa abrió un expediente a España y la reacción de la DGGC fue volver a negar el abono basándose en una sentencia anterior.

Esta serie de antecedentes prepararon el camino hasta la situación actual: Después de que la Comisión Europea abriese un procedimiento de infracción contra España en 2019 por incumplir la Directiva comunitaria, vino la aprobación de la norma de Gámez en 2021 –que reconoce la compensación de las vacaciones no disfrutadas pero sólo afecta en el caso de fallecimiento o enfermedad grave-, y recurrimos la citada norma ante la Justicia Española además de interponer la denuncia pertinente ante Europa. Esta semana la Comisión Europea ha comunicado su estudio al Equipo Jurídico de AUGC y también ha notificado su unión al expediente sancionador que pesa sobre España a raíz de nuestra denuncia de 2016. Actualmente, trabajamos sobre esta temática con un Guardia Civil asociado a la que, del mismo modo, se le han denegado sus derechos.

Ante la situación, la Directora General debería explicar a la ciudadanía quien se hará cargo de las posibles sanciones si, tras su estudio, la denuncia llega al Tribunal de Justicia Europeo. Preguntamos quién asumiría los costes derivados del incumplimiento de los derechos de los trabajadores: Los ciudadanos o ella, como responsable directa del perjuicio. No olvidemos que María Gámez es impulsora del Código de Conducta de la Guardia Civil. Recientemente ha sido aprobado y se establece que “serán responsables, personal y directamente, de las actuaciones” llevadas a cabo en el ejercicio de las funciones ejecutadas. Para su ejecución se deberán “tener en cuenta los preceptos” del citado Código de Conducta, “asumiendo en todo momento las consecuencias de sus acciones u omisiones”.

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