El residente de una localidad norteña de la isla de Tenerife que comenzó amenazando por redes sociales a unos Guardias Civiles ha sido condenado a tres años y seis meses de prisión por tres delitos: Uno por amenazas graves, otro por atentar contra un agente de la autoridad y otro por proferirle graves lesiones. La madre del agresor había alertado sobre las amenazas que estaba enviando su hijo en redes sociales contra los Guardias Civiles y en el momento que varias dotaciones se personaron en la vivienda se desencadenaron los hechos delictivos enumerados.
El chico, que estaba atrincherado con armas cortantes, comenzó a desobedecer e incluso a agredir a los efectivos que trataban de entrevistarse con él. Según consta en los hechos probados judicialmente, tenía “clara intención” de menoscabar el principio de autoridad e impedir la labor policial. Cuando los agentes lograron acceder, el autor de los hechos esgrimió las armas y opuso una fuerte resistencia a su detención, llegando a alcanzar la cabeza y brazos de uno de los Guardias Civiles.
Las heridas proferidas fueron de gravedad, precisó asistencia médica, tratamiento quirúrgico, y desde entonces sufre una pérdida de capacidad auditiva acompañado de un trastorno psíquico. Tras solicitar a los servicios jurídicos de la Delegación de AUGC en Santa Cruz de Tenerife ejercer como acusación popular, el acusado finalmente tendrá que indemnizar al compañero con 17.755 euros y cumplir tres años y medio en prisión:
- Por el delito de amenazas graves: Seis meses de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
- Por el delito de atentado: Un año de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
- Por el delito de lesiones agravadas: Dos años de prisión con la accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Además, permanecerá tres años en libertad vigilada, tendrá que someterse a un tratamiento en un centro ambulatorio interno y pagar las costas del litigio.
Felicitamos a la Letrada de la Delegación de AUGC en Santa Cruz de Tenerife y al resto del equipo jurídico por el trabajo que han realizado hasta conseguir una sentencia favorable. Del mismo modo, agradecemos a nuestro afiliado la confianza depositada. Es de gran importancia estar siempre bien protegidos y representados en un procedimiento penal. Los agresores tienen que recibir el mayor castigo posible y también deben resarcir económicamente las cuantías adecuadas por las lesiones ocasionadas a los Guardias Civiles en el ejercicio de sus funciones.
A su vez, tenemos que insistir a las autoridades judiciales en que apliquen el máximo rigor penal y sancionador para este tipo de hechos. Las lesiones, los insultos y las amenazas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden convertirse en algo habitual. Hay que evitar que se cree la sensación de impunidad que en muchas ocasiones existe ante una agresión a un agente.
