Mientras se vislumbra la formación de un nuevo Gobierno después de unas Elecciones Generales, guardias civiles y policías nacionales siguen a la espera para que se cumpla la sentencia que ordenó la Audiencia Nacional a finales de junio de este año. En dicho fallo se ordena el cumplimiento íntegro del ‘Acuerdo de Equiparación Salarial’, firmado en 2018, obligando al Ministerio a la renegociación del Acuerdo publicado en el BOE en las dos cláusulas incumplidas.
Por un lado, la cláusula tercera que alude a destinar 100 millones de euros durante tres ejercicios económicos (en total 300 millones) para el reingreso de nuestros compañeros en Segunda Actividad y Reserva al servicio activo. Y por otro, la cláusula octava que recoge la aprobación de una ley para garantizar que en el futuro no se puedan producir disfunciones salariales entre los cuerpos policiales que realizan las mismas funciones.
Un logro histórico que fue conseguido por AUGC mediante un plan jurídico estratégico y que reavivó nuestras reclamaciones sobre el cumplimiento de la equiparación salarial donde más de 150.000 funcionarios policiales continúan agraviados salarialmente respecto a las policías autonómicas y como a través de la acción jurídica de la asociación decana y mayoritaria en afiliación en la Guardia Civil se avanza en una de las reclamaciones más importantes para ambos colectivos.
AUGC destaca que esa inactividad contraria al ordenamiento jurídico por parte del Gobierno, supone la consagración de una situación que está afectando muy negativamente a la plena equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares, al impulso de la modernización, a la mejora la calidad en la prestación del servicio y de las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y que sin duda desde AUGC vamos a seguir trabajando para poner fin a estos agravios salariales en las FCSE.