El pasado 23 de junio una Unidad de Buceadores de medidas contra Minas (EOD) de la Armada detonó una mina de la Segunda Guerra Mundial en la playa de La Marineta, en la localidad alicantina de Denia.
El artefacto estaba aproximadamente 600 metros de la costa, provocando una gran explosión que se notó en toda la ciudad, elevando una columna de agua de más veinte metros, lo que quiere decir que se ha producido un cráter de importancia.
La detonación se produjo en la reserva Integral de Pesca de Cabo San Antonio, una zona con calificación de Reserva y de alto valor histórico donde está prohibido, la pesca, el buceo, recogida de áridos, etc. y todo ello sin la participación del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, policía subacuática encargada de la valoración previa de los posibles daños a la fauna, patrimonio y a la seguridad ciudadana así como de la comprobación de las autorizaciones administrativas tanto de Patrimonio como de Medio Ambiente.
AUGC al conocer los hechos procedió a dar cuenta de una serie de irregularidades a la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, a la Subdelegación del Gobierno así como a Patrimonio y Medio Ambiente.
Estas irregularidades versaban sobre cuestiones como porque no se había trasladado la mina antes de explosionarla a una zona más neutra, si la Armada valoró mover la mina a una distancia que no produjera daños en la fauna y patrimonio histórico, qué índices de muertes se habían producido en la fauna de la reserva, si existe Informe de Impacto Ambiental de la autoridad competente en patrimonio cultural y natural, etc.
Transcurridos dos meses de los hechos dichas Autoridades no parece haberse preocupado de esta situación y hasta la fecha desde AUGC desconocemos si se ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias denunciadas.
La zona donde se produjo la explosión cuenta con una fuerte protección y una gran lista de actividades prohibidas y obligaciones especiales sin embargo la voladura de más de 150 kgs de explosivo se realizó sin la valoración previa de los especialistas GEAS de la Guardia Civil. Recordemos que es una zona donde existen algas esciáfilas, corales, poseidonia, gorgonias, cigarra de mar, corvallo y nudibranquios con un desplazamiento de un metro por mes.
Es cuando menos paradójico que en una zona declarada Reserva Integral de Pesca donde actuaciones de carácter leve como el buceo recreativo sin autorización, el uso de linternas o focos en las inmersiones nocturnas, fondear embarcaciones, etc. son castigadas de forma contundente, una actuación como la voladura de una mina haya contado con tantas irregularidades sin que se haya iniciado una investigación por parte de las Autoridades Medioambientales y la propia Subdelegación del Gobierno.
AUGC ha tenido conocimiento que esta cuestión no ha sido investigada como debiera en el seno de la propia Subdelegación del Gobierno de Alicante lo que ha derivado en el interés de otros grupos políticos que han realizado varias preguntas parlamentarias al objeto de aclarar las supuestas irregularidades cometidas en la actuación de la Armada.
El artefacto estaba aproximadamente 600 metros de la costa, provocando una gran explosión que se notó en toda la ciudad, elevando una columna de agua de más veinte metros, lo que quiere decir que se ha producido un cráter de importancia.
La detonación se produjo en la reserva Integral de Pesca de Cabo San Antonio, una zona con calificación de Reserva y de alto valor histórico donde está prohibido, la pesca, el buceo, recogida de áridos, etc. y todo ello sin la participación del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, policía subacuática encargada de la valoración previa de los posibles daños a la fauna, patrimonio y a la seguridad ciudadana así como de la comprobación de las autorizaciones administrativas tanto de Patrimonio como de Medio Ambiente.
AUGC al conocer los hechos procedió a dar cuenta de una serie de irregularidades a la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, a la Subdelegación del Gobierno así como a Patrimonio y Medio Ambiente.
Estas irregularidades versaban sobre cuestiones como porque no se había trasladado la mina antes de explosionarla a una zona más neutra, si la Armada valoró mover la mina a una distancia que no produjera daños en la fauna y patrimonio histórico, qué índices de muertes se habían producido en la fauna de la reserva, si existe Informe de Impacto Ambiental de la autoridad competente en patrimonio cultural y natural, etc.
Transcurridos dos meses de los hechos dichas Autoridades no parece haberse preocupado de esta situación y hasta la fecha desde AUGC desconocemos si se ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias denunciadas.
La zona donde se produjo la explosión cuenta con una fuerte protección y una gran lista de actividades prohibidas y obligaciones especiales sin embargo la voladura de más de 150 kgs de explosivo se realizó sin la valoración previa de los especialistas GEAS de la Guardia Civil. Recordemos que es una zona donde existen algas esciáfilas, corales, poseidonia, gorgonias, cigarra de mar, corvallo y nudibranquios con un desplazamiento de un metro por mes.
Es cuando menos paradójico que en una zona declarada Reserva Integral de Pesca donde actuaciones de carácter leve como el buceo recreativo sin autorización, el uso de linternas o focos en las inmersiones nocturnas, fondear embarcaciones, etc. son castigadas de forma contundente, una actuación como la voladura de una mina haya contado con tantas irregularidades sin que se haya iniciado una investigación por parte de las Autoridades Medioambientales y la propia Subdelegación del Gobierno.
AUGC ha tenido conocimiento que esta cuestión no ha sido investigada como debiera en el seno de la propia Subdelegación del Gobierno de Alicante lo que ha derivado en el interés de otros grupos políticos que han realizado varias preguntas parlamentarias al objeto de aclarar las supuestas irregularidades cometidas en la actuación de la Armada.
