CADIZ: ABSUELTO UN GUARDIA CIVIL ACUSADO DE HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA

por Administración AUGC

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La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado sentencia absolutoria del delito de homicidio por imprudencia que pesaba sobre el guardia civil M. M. G. G.

Los hechos se remontan al 17 de marzo de 2008 cuando dicho agente, destinado en el Puerto de Algeciras, intervino en un operativo para reducir un vehiculo cuyos tres ocupantes habían intimidado con una pistola a dos trabajadores del puerto.

La sentencia señala que la intervención de los agentes de la Guardia Civil se produjo ante la denuncia de estas amenazas y, sobre todo, por la tenencia de un arma de fuego y “ que quien resulto posteriormente fallecido, Bilal Argaz, fue quien provocó la actuación de los guardias civiles y con la conducción totalmente desenfrenada durante cierto tiempo que duro la persecución policial y con la desobediencia de la orden de detenerse creando riesgo en un miembro de la Guardia Civil, a quien estuvo a punto de atropellarle. Es mas, los que le acompañaban en el vehiculo, le indicaban que parase, y uno de sus acompañantes, quien trabaja en una agencia de viajes en el interior del recinto portuario, conoció a los agentes perseguidores y reiteraron a Bilal que detuviese el automóvil, sin conseguir que lo llevase a cabo.”

Ante todo ello la sentencia afirma que la utilización del arma fue proporcionada, necesaria e imprescindible para evitar males mayores y que tras los disparos efectuados al aires, los siguientes se dirigieron hacia las ruedas del vehiculo si bien el ultimo de ellos, dadas las características del arma oficial usada, así como el momentos en que se efectúo dicho disparo, en tensión, produjo que impactara en el vehiculo por encima de la rueda en el maletero y atravesándolo alcanzará el asiento del conductor.

La defensa del guardia civil ha corrido a cargo de los servicios jurídicos de AUGC- Cádiz.

Esta situación permite reiterar vieja reivindicación de una plena asistencia jurídica a los Guardias Civiles cuando en encuentren con una imputación penal como consecuencia del servicio y la necesidad de respetar la presunción de inocencia no sólo en el ámbito penal sino también en el disciplinario y profesional para evitar situaciones irreversibles.-

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