AUGC ha presentado ante el Juzgado de Guardia de Arcos de la Frontera, una denuncia formal por los hechos que ya comunicáramos públicamente el pasado mes de septiembre.
Los hechos en los que se fundamenta la denuncia venían sucediendo desde el año 2000, fecha en que por una empresa del sector se instalaron en el acuartelamiento de esa localidad, una máquinas expendedoras de bebidas frías y calientes.
Desde el principio, la empresa concesionaria, siguiendo el pacto verbal alcanzado con el Oficial Jefe del Cuartel en ese momento, entregaba mensualmente un porcentaje de la recaudación de dichas máquinas. Desde el año 2000 hasta ahora, al menos seis oficiales han pasado por dicho cargo, sin que ninguno de ellos rechazara ese irregular proceder y sin que existiera registro alguno de estos ingresos, así como el destino dado al dinero que se recibía, siempre en sobres cerrados y entregados directamente al Jefe de turno.
Cuando esta asociación, a través de sus miembros destinados en dicha Unidad, tuvo conocimiento de los hechos, comenzó a asesorar a los mismos, para que, en el uso del derecho de petición formulasen los procedimientos tendentes a obtener toda la información posible. Después de dos años intentando que se regularizase la situación, el Teniente Jefe del Puesto Principal destinado en Arcos de la Frontera hasta el pasado mes de septiembre, decidió poner fin a la situación, ordenando el desmantelamiento de las máquinas, y publicando a través del tablón de anuncios de la Unidad, una especie de finiquito donde figuraba el importe que había en la “caja” en ese momento y varias adquisiciones que había efectuado con ese dinero, según él, para el mantenimiento del Cuartel.
En ningún caso, éste Oficial, accedió a ofrecer información contable creíble sobre ingresos o gastos, sino que con su gesto autoritario, dejó un acuartelamiento que mantiene servicio al ciudadano durante veinticuatro horas, sin ningún tipo de atención a funcionarios y usuarios.
Hay que añadir, que todos los gastos que puedan surgir en éste o en cualquier otro acuartelamiento del Estado, son sufragados con fondos públicos dentro del presupuesto asignado a ello, y en ningún caso, se autoriza el establecimiento y manejo de cantidad alguna fuera del control de Hacienda, como es al parecer, el caso que nos ocupa.
En definitiva, el nulo acercamiento demostrado una vez más por los mandos de la Guardia Civil hacía esta asociación y a sus miembros, al menos en esta provincia de Cádiz, ha provocado que se haya optado por acudir a la vía judicial para resolver problemas que en principio podrían haberse solucionado de forma interna. Sin embargo, la Guardia Civil sólo actúa de forma rápida y contundente cuando tiene que imponer el principio de autoridad sobre los guardias civiles que conocen sus derechos y quieren ejercerlos, como ha demostrado recientemente con la apertura de hasta cuatro expedientes disciplinarios a miembros de la Junta Directiva Provincial de AUGC, y que también hemos denunciado públicamente sin que hasta ahora, hayamos detectado ningún cambio.
