La agresión sufrida este sábado por nueve guardias civiles en Algeciras supone un nuevo episodio a la escalada de violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el área del Campo de Gibraltar. A falta de confirmación de que este ataque guarde relación con el mundo del narcotráfico, lo que sí resulta evidente es la creciente inseguridad que se vive en la zona, y que tiene como uno de sus principales objetivos a los trabajadores de la seguridad pública.
Cada semana, guardias civiles, policías nacionales y locales sufren situaciones de acoso sin que desde el Gobierno se produzca reacción alguna. Por el contrario, debemos escuchar al ministro del Interior restando importancia a un problema que, como recientemente denunciaba AUGC, se dirige hacia la constitución de dando un paso para convertirse en un cartel de la droga (treintena de bandas) que intente obtener resultados insertando la corrupción en las Instituciones.
En este sentido, debemos preguntar a Juan Ignacio Zoido cuántos más incidentes de esta naturaleza deben suceder para que deje de considerarlos casos aislados y se decida a adoptar medidas contundentes contra esta situación. ¿Deberán producirse más víctimas mortales entre los agentes, que se sumen al compañero de la Policía local de La Línea fallecido en una persecución a narcotraficantes en junio de 2017, para que desde Interior se asuma la gravedad de este problema?
Es evidente que al ataque del sábado contra nueve guardias civiles no es un hecho aislado, como no lo fueron las muchas agresiones precedentes, consecuencia de la sensación de impunidad con la que actúan los delincuentes, que operan agrupados en una treintena de bandas arropadas por más de 3.000 colaboradores directos. Ante ello, la falta de efectivos policiales es patente. AUGC cree que se necesitan al menos 300 guardias civiles más en la Comandancia de Algeciras.
El pasado mes de abril, desde AUGC se proponía en una rueda de prensa ofrecida a los medios la puesta en marcha inmediata de un Pacto de Estado integral que contemple este problema desde distintos prismas. Por su puesto, partiendo del incremento y especialización de las fuerzas de seguridad, este pacto debería abordar otras cuestiones como el desarrollo de un plan de empleo en la zona que acabe con la trágica situación que se padece en la zona (40% de paro), y especialmente entre los jóvenes, cuyas cifras de desempleo alcanzan el 80%.
En este Pacto de Estado habría que incluir también un proyecto de mejora de la formación, de manera que se combatiera el alto porcentaje de abandono escolar que se registra entre los menores.
Además de esto, sería necesario estrechar la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas, especialmente Junta de Andalucía, Gobierno de España y Europa, así como la creación de juzgados especiales contra el narcotráfico y la presencia de un mayor número de agentes especializados.
AUGC tiene claro que ante la actual situación hay que exigir más, porque la lucha contra las redes organizadas no se solventa con la investigación de los actos delictivos que se puedan observar directamente, sino que comprende también el examen de todas aquellas actividades que se crean ante la necesaria ocultación de los beneficios obtenidos con el negocio principal, es decir, investigar empresas, bienes, operaciones comerciales, bancarias, nivel de vida, etcétera, en la que deben de intervenir otros organismos ajenos a los cuerpos de seguridad como la Seguridad Social, Entidades Bancarias, Agencia Tributaria, etc.
