En 2016 la delegación de AUGC en Las Palmas denunció ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social las pésimas condiciones en que se veían obligados a prestar sus servicios los guardias civiles destinados en el centro penitenciario de ‘Salto del Negro’, concretamente en las garitas de vigilancia, que presentaban un estado deplorable con numerosas deficiencias que generaban graves riesgos laborales.
Ante la falta de respuesta, AUGC reiteró su denuncia en 2017 y nuevamente obtuvo la callada por respuesta, hasta que finalmente hace unos días ha contestado la Inspección Provincial comunicando que la Jefatura de la Guardia Civil de Las Palmas reconoce en un informe que “en el año 2016 se constató la veracidad de los hechos denunciados y se solicitó al centro penitenciario la adopción de medidas al respecto”, así como que “en 2019 se verificó que han reaparecido las humedades en las garitas, existen asientos no ergonómicos, equipos de aire acondicionado deteriorado, limpieza deficiente, algunas ventanas no son practicables, iluminación deficiente, plaga de hormigas y mosquitos, ausencia de certificación de actuaciones de desinfección, desratización y desinsectación”.
La respuesta de la Inspección Provincial de Trabajo finaliza exponiendo que ahora ya se han dejado de usar cinco de esas seis garitas y que “se ha procedido a adoptar las medidas preventivas adecuadas a fin de mejorar la seguridad y salud del puesto de trabajo de los Guardias Civiles destinados al Centro Penitenciario, por lo que no se adoptan medidas en relación con los hechos objetos de denuncia”.
Ante lo expuesto, pueden extraerse varias conclusiones: en primer lugar, es evidente que las medidas para poner fin a los riesgos a que estaban sometidos los guardias civiles en el centro penitenciario Las Palmas I (Salto del Negro) se han adoptado únicamente por las denuncias de AUGC; en segundo lugar, resulta vergonzoso que ante la denuncia de unos hechos tan graves la Inspección de Trabajo haya tardado tres años y medio en contestar; y por último, es intolerable que la actuación de la Jefatura de la Guardia Civil en Las Palmas durante estos años se haya limitado a pedir al centro penitenciario que adopte medidas, cuando debería haber adoptado inmediatamente sus propias medidas para proteger la seguridad y salud de sus trabajadores, tal como establece la normativa de prevención de riesgos laborales.
Ante esta grave inacción, AUGC está estudiando la posibilidad de ejercer acciones legales contra el anterior responsable provincial de la Guardia Civil, que durante años ha mostrado una despreocupación absoluta por la salud y seguridad de Agentes de la Guardia Civil que prestan servicio en esas instalaciones.
Pero ese desprecio por la salud laboral de los guardias civiles destinados en unidades y servicios de Protección y Seguridad (Núcleos de Servicios, Secciones de Seguridad Penitenciaria, UPROSE, etc.) no es exclusivo de los mandos provinciales, sino también y sobre todo de la Dirección General de la Guardia Civil, con Félix Azón a la cabeza, porque AUGC lleva más de cinco años reclamando reiteradamente que se elabore y publique un manual de prevención de riesgos laborales específico para estos cometidos, del mismo modo que ya existe desde hace muchos años para la mayoría de especialidades, pero la Dirección General hace oídos sordos. Y ello a pesar de que esta especialidad es una de las que presenta mayor siniestralidad laboral.
