Como ya sucediera el pasado año por estas mismas fechas, la Dirección General de la Guardia Civil ha dictado una orden para que para el personal destinado hasta ahora en Cataluña que tenía previsto iniciar en los próximos días el permiso de incorporación hacia sus nuevos destinos fuera de esta comunidad quede retenido hasta el 15 de octubre. La medida, que afecta a cerca de 300 guardias civiles, se basa en “necesidades y exigencias inherentes a garantizar la seguridad pública en este trimestre del año”.
La orden, de la que se tuvo conocimiento ayer tras su publicación en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, se le ha comunicado por lo tanto a los afectados con sólo unos días de antelación respecto al inicio del permiso de incorporación, demostrando con ello su falta de sensibilidad hacia la conciliación laboral y familiar de los trabajadores.
Hablamos de familias que ya tenían previsto trasladarse al domicilio de su nuevo destino, con matriculaciones en colegios, nuevos contratos de alquiler, etcétera, y que deberán mantener durante ese mes no previsto dos domicilios y obligará a estas familias a realizar la mudanza y todos los trámites del nuevo alojamiento (alta de luz, agua, etc…), sin contar con el guardia civil retenido cuando, de haber avisado con antelación retendrían un mes más el traslado.
El Gobierno repite así el abuso que ya se cometió en estas mismas circunstancias por parte del anterior ejecutivo. Lamentablemente, el cambio político no se ve reflejado en una nueva línea más respetuosa con los trabajadores del Cuerpo.
Por otro lado, como es costumbre en el Instituto Armado, esa medida afecta a los guardias civiles de base, con lo que el perjuicio económico resulta aún más gravoso, teniendo en cuenta además que ninguno de ellos recibirá compensación económica alguna por este perjuicio. Nos encontramos, por tanto, ante una situación claramente abusiva, donde los trabajadores peor remunerados deben afrontar con sus propios recursos el coste de la improvisación del Gobierno ante una situación claramente previsible.
Por todo ello, AUGC reclama a la Dirección General de la Guardia Civil que se adopten medidas urgentes que solucionen la problemática de los compañeros y se recompense económicamente el esfuerzo que nuevamente tienen que realizar ante una situación en la que se les exigiría un sacrificio suplementario, así como que se adopten las medidas legales oportunas para analizar si la falta de previsión a la que se ha hecho mención puede merecer algún tipo de reproche jurídico.
