Esta mañana la Dirección General de la Guardia Civil ha emitido una nota en la intranet para anunciar su “intención de pagar de oficio” las cantidades asociadas a la productividad estructural de los años 2017 a 2021. Alrededor de unos 74.000 agentes se beneficiarán del abono. La cifra incluye a los compañeros que reclamaron la productividad judicialmente por la vía administrativa, a los que no elevaron su solicitud, a los que cobran la nómina a través del Servicio de Retribuciones y a los que no la perciben mediante el referido Servicio. Todos ellos recibirán, según la nota de la intranet corporativa, las cuantías asociadas a la productividad de los últimos cuatro años en base a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley General Presupuestaria.
En la nota se especifica que aquellos agentes que no cobran su retribución a través del Servicio y que no hayan instado el abono, deberán solicitarlo previamente para su obtención. De haberlo peticionado anteriormente, también se les ingresará de oficio. La DGGC también informa que calculará las cuantías correspondientes de los Guardias Civiles que perciben su nómina mediante el citado Servicio y que no la reclamaron judicialmente.
Los gastos jurídicos asociados a las reclamaciones también serán ingresados y se realizarán allanamientos en el ámbito judicial.
Este cambio de criterio llega después de que la Directora, María Gámez, admitiese ayer a estudio y valoración la regulación de oficio de las cantidades de productividad estructural, anunciando que sería un punto a tratar en el próximo Pleno del Consejo. Sin embargo, el reconocimiento de este derecho ha llegado esta mañana a través de la intranet corporativa. En cualquier caso, celebramos este avance, ya que los argumentos en los que se escudaba la Dirección no eran admisibles.
En reiterados Plenos se nos ha negado el derecho a cobro de la productividad estructural, incluso en contra de la sentencia dictada por Tribunal Supremo en abril de 2021. En su momento, los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles ya solicitaron a la Dirección que abonase de oficio lo adeudado. Sin embargo, mantuvo su posicionamiento argumentando que el fallo judicial sólo afectaba al recurrente y no obligaba a actuar de oficio. Cada caso tendría que ser revisado para determinar si se ajustaba a lo sentenciado por el Supremo, como anunció la Directora.
Hoy, se ha demostrado las alegaciones en las que se escudaba María Gámez eran erróneas, ya que el Tribunal Supremo no estudia el caso de una persona en particular, sino que revisa los argumentos de dos sentencias contradictorias y dirime cuál es la correcta a aplicar sobre la Guardia Civil. Han sido numerosas las movilizaciones, las protestas, las instancias presentadas, las acciones legales y todo el trabajo realizado hasta que se nos ha garantizado nuestro derecho a cobrar de estas retribuciones. Nos alegramos de que se haya rectificado el criterio.
