Los guardias civiles llevan casi un año esperando que se aprueben distintas normas que regulan materias tan relevantes como el catálogo de puestos de trabajo, enseñanza, especialidades, procesos de selección, y destinos, pero existe un total inmovilismo amparándose en que el Gobierno actual está en funciones.
Sin embargo, ello no ha impedido que dicho Gobierno en funciones haya adoptado en el Consejo de Ministros, en pleno agosto aprovechando que medio país está de vacaciones, la renovación del contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios, por un valor estimado de más de 58 millones de euros y un importe máximo de licitación de más de 34 millones.
AUGC considera intolerable que se renueve un contrato tan relevante por un Gobierno que se encuentra en funciones, imponiendo a un posible nuevo gobierno un compromiso de muchos millones de euros por unos servicios absolutamente innecesarios y duplicados.
Desde que en mayo de 2013 se inició el proceso privatizador, son ya más de 80 millones de euros de dinero público los que se han derrochado en beneficio de las empresas de seguridad privada, a los que ahora debe sumarse el coste de esta renovación del contrato.
Para AUGC es inaceptable que se prolongue una media privatizadora cuyo único fin es el enriquecimiento de los propietarios de las empresas de seguridad privada, puesto que los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones ínfimas en comparación con la jugosa cuantía del contrato.
Desde su inicio este proceso privatizador ha concitado el rechazo total de guardias civiles, policías, funcionarios de Instituciones Penitenciarias, organizaciones sindicales, partidos políticos y la mayor parte de la sociedad, sobre todo porque es absolutamente innecesario, ya que los vigilantes y los guardias civiles y policías están desempeñando los mismos cometidos de modo duplicado e innecesario.
