En el ‘Protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado’, aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad en 2015 y actualizado en mayo de 2018, se dispone que las instalaciones de Guardia Civil y Policía Nacional dedicadas a la custodia de detenidos “dispondrán de sistemas de video-vigilancia y grabación, que permitan el visionado en las condiciones de luz de sus habitáculos, para garantizar la integridad física y la seguridad de las personas privadas de libertad y la de los funcionarios policiales que ejercen su custodia”.
Sin embargo, 132 de las 491 áreas de detención que tiene la Guardia Civil carecen de sistemas de video-vigilancia, casi un tercio, según reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria a los diputados de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado y Rafael Mayoral.
Por otro lado, el mismo Protocolo establece que dichos centros de detención deberán contar con “sistemas de ventilación y climatización que funcionen correctamente y que se acomoden a las circunstancias climatológicas”. Pero el Gobierno reconoce que 270 de esas 491 áreas de custodia carecen de ventilación, y 277 no disponen de climatización.
Estos requisitos fueron fijados por la Secretaría de Estado de Seguridad en 2015, y tres años después aún siguen una gran parte de las instalaciones sin adaptarse a la normativa y a las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Y ello a pesar de que ya en 2015 el Ministerio del Interior se comprometió a que progresivamente todos los centros de detención fueran subsanando esas carencias. De hecho, la anterior Defensora del Pueblo mostró públicamente su malestar por la situación.
El Protocolo de la Secretaría de Estado de Seguridad también ordena que “el personal encargado de la custodia deberá estar adecuadamente formado en técnicas del empleo de la fuerza para la reducción e inmovilización, cacheos, primeros auxilios, uso de extintores, así como en aquellas otras materias que permitan a este personal cumplir con la obligación de garantizar la integridad física de los detenidos”, y que “las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil deberán incluir programas de especialización y actualización dirigidos al personal encargado de la custodia de detenidos en los planes de formación profesional, con especial hincapié en la prevención de la comisión de conductas auto-líticas por parte de los detenidos”.
Al respecto el Gobierno se limita a responder que “la Guardia Civil dispone de un sistema de intervención operativa en cuyo marco se aprueba anualmente el Plan de actuación de técnicas de intervención operativa”, pero lo cierto es que en la Guardia Civil no se imparte una formación específica adaptada a esos cometidos, ni se tratan cuestiones como los primeros auxilios, el uso de extintores, o la prevención de la comisión de conductas auto-líticas, tal como establece dicho Protocolo. Precisamente hace unos meses AUGC reclamó ante el Consejo de la Guardia Civil que se habilite esa formación específica, y la respuesta fue idéntica a la que ahora ha dado el Gobierno.
Una vez más se ponen de manifiesto las diferencias entre los dos cuerpos estatales, porque mientras el Gobierno responde con una lacónica frase respecto a la formación de la Guardia Civil, sin embargo ofrece amplia y detallada información sobre las numerosas acciones formativas impartidas por la Policía Nacional a su personal en esta materia. Lo cierto es que ambas respuestas contrastan, por un lado la escueta información sobre las instalaciones de la Guardia Civil y por otro lado los abundantes datos sobre los centros de detención de la Policía Nacional, incluso concretando la previsión de gasto para las mejoras necesarias. Es intolerable que incluso en las respuestas parlamentarias se mantenga la opacidad y falta de transparencia de la Guardia Civil.
