Gracias al acuerdo de equiparación salarial de los guardias civiles con los mossos firmado entre las asociaciones profesionales y el Gobierno el pasado marzo, cuyo primer tramo ya se ha percibido en las últimas nóminas, se está en vías de corregir esta desigualdad histórica para los trabajadores del Cuerpo. Sin embargo, lo cierto es que al margen de esta cuestión -fundamental, por otra parte- los guardias civiles todavía están lejos de ser reconocidos como policías de primera categoría y con plenos derechos.
Una de estas carencias es la que se refiere a la jornada laboral y a la falta de turnos de trabajo adecuados que permitan la conciliación laboral y familiar de los trabajadores.
Es evidente, en este sentido, que la equiparación no sólo debe ser económica, sino extenderse a todos los terrenos.
Y para muestra, un botón: la Orden Comunicada de 28 de junio de 2018, de la Guardia Civil, ha establecido una modalidad especial de servicio e incentivos por la prestación de los mismos, en las denominadas patrulleras de altura, que ha sido duramente rechazada por AUGC. Las razones para ello se expusieron, cuando la norma pasó el trámite de informe del Consejo de la Guardia Civil, pero la Dirección General hizo caso omiso a las mismas, no aceptando absolutamente ninguna de las alegaciones expuestas por esta asociación, lo que ha provocado que AUGC haya recurrido la cita Orden Comunicada, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La consecuencia más inmediata de interponer el mencionado recurso judicial, es que hemos solicitado y podido acceder al expediente administrativo que han elaborado los mandos responsables, y que la Dirección General nos negaba. La cuestión es que lo contenido en el mismo no solo reafirma el posicionamiento crítico de AUGC, sino que la gravedad de lo contenido hace necesario hacerlo público y denunciarlo en cuantas instancias sea oportuno.
Para comenzar, decir que lo que se pretende con esta norma es adaptar la modalidad de servicio del régimen de navegación prolongado de los buques oceánicos de los que ya dispone la Guardia Civil, a las denominadas patrulleras de altura. Y ello, según se argumenta en el informe administrativo, por dos razones. En primer lugar, porque dada la escasez de plantillas, estas patrulleras están infrautilizadas; y en segundo, para evitar que tanto la Armada como Vigilancia Aduanera asuman un espacio en las misiones internacionales ordenadas por la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX) en alta mar; de manera que estas operaciones las realice exclusivamente la Guardia Civil.
Vaya por delante que nos parece aceptable que la Guardia Civil defienda sus competencias –máxime ahora, que se está formando la Guardia Europea de Fronteras (GEFC) - pero eso solamente se podrá hacer si se dispone de los medios adecuados para ello, porque como todo componente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil sabe, las patrulleras de altura, modelo Rodman 101, ni por calado, ni por autonomía de navegación, ni por habitabilidad, están diseñadas para realizar navegaciones de varios días. No puede pretenderse por tanto igualar la prestación del servicio en las mismas, a la de los buques oceánicos de los que ya dispone también la Guardia Civil, y que sí están diseñados y acondicionados para realizar largas travesías. O sea que, de entrada, la Orden Comunicada establece un despliegue operativo carente de todo rigor técnico.
Pero esto no es lo peor; lo verdaderamente lesivo para los guardias civiles es que el informe realiza un impacto económico de la aplicación de la Orden Comunicada, afirmando que es claramente favorable para la Administración. Y ello se consigue al excluir a los guardias civiles embarcados en estas patrulleras, de la Orden General número 11 de 2014, de jornada y horario del personal de la Guardia Civil.
Ya que, si se mantuviera a este personal en iguales condiciones de prestación de servicio que al resto de componentes del Cuerpo (o sea en el régimen general de servicio), se requeriría una plantilla muy superior, y en vez de los 173 guardias civiles que se piensa utilizar, de forma anual, en las operaciones en alta mar, se tendrían que utilizar hasta 1.401 personas. De esta forma, y compensando a estos 173 guardias civiles con unas exiguas asignaciones a través del complemento de productividad, la Administración se ahorra la friolera cantidad de 1.238.483 € anuales, que van en detrimento del descanso y del sueldo de los guardias civiles.
La postura de AUGC al respecto es clara: si la Guardia Civil quiere asumir más competencias, que lo haga con los recursos humanos y materiales adecuados, que es lo que se espera de la que sigue siendo la Institución mejor valorada por la sociedad. Y si circunstancialmente, la crisis económica no permite asumir otras funciones, por falta de buques adecuados y por escasez de personal, la solución no puede ser que los guardias civiles trabajen muchas más horas y que ni siquiera se les compense a través de las normas que tanto esfuerzo y trabajo ha costado conseguir, para que los guardias civiles comiencen a tener una jornada laboral más digna.
En resumidas cuentas, y por lo que compete a AUGC, no vamos a permitir que la Administración haga “mercantilismo”, aprovechando las operaciones que se le encomienden, por las que, como el propio informe reconoce, FRONTEX dota de medio millón de euros a la Guardia Civil, porque bien que se podría destinar parte de este presupuesto a asignar un sueldo digno a los guardias civiles que tan importantes funciones están realizando.
Esto es grave, porque nos tememos que la “idea feliz” de la cúpula de la Guardia Civil de querer recortar gastos en el servicio público que presta el Cuerpo, a costa explotar y recortar derechos a los guardias civiles, es más que probable que pretendan extenderla luego a todos los componentes del Servicio Marítimo, y si les da resultado, es también posible que quieran extenderlo a todos los guardias civiles. Desde luego, si esa es la intención de la Dirección General, sus responsables tendrán que explicarlo pronto, ante el Tribunal de Justicia a demanda de AUGC.
