El Puesto Principal de Cartaya necesita que los Guardias Civiles de El Rompido y de Lepe abandonen sus demarcaciones, y la costa en general, para que presten servicio incluso durante ocho horas. La falta de agentes en esta Comandancia no es algo novedoso, año tras año se da la misma circunstancia sin que se dé una solución efectiva al problema. Recientemente, hubo un intento de comisionar a efectivos de Lepe dejándoles sin derecho a dietas. Fue algo inadmisible que logramos paralizar, pero esto muestra que la Guardia Civil es consciente de problema que prevalece y aun así no refuerza la plantilla, no cubre las vacantes existentes ni incrementa el catálogo, tal y como exigimos en reiteradas ocasiones. A todo ello hay que añadir la posibilidad de que tal falta de personal sea una causa directa del incremento de la delincuencia en Cartaya y en Lepe.
El índice publicado en el Balance del Ministerio del Interior establece genéricamente que hay un 20 % más de criminalidad con respecto al primer semestre de 2021. Al consultar las cifras oficiales para Cartaya ese aumento es del 9,3 % en comparación con el mismo período. Para Lepe la situación es todavía más grave, ya que el índice de delincuencia es un 43, 8 % mayor que el registrado durante el primer semestre del pasado año.
La situación es crítica, empeora durante los meses de julio y agosto con las vacaciones y también ha contribuido a esta circunstancia otras se comisionan efectivos hacia diferentes Unidades. En ellas no hay catálogo de puestos de trabajo y detraen al personal de seguridad ciudadana mediante las citadas comisiones agravando el problema.
Esta es la realidad que se vive día a día en la Comandancia de Huelva, donde seguimos con el déficit de personal que denunciamos en marzo o hace dos meses. Se detrae al personal de Lepe, de El Rompido y de la costa, en general, cuando debería haber un número suficiente de agentes para reforzar estas Unidades, como se hacía años atrás y como ocurre para la Operación de la Fresa o durante El Rocío.
Inevitablemente, los más de 50.000 ciudadanos de las poblaciones mencionadas –El Rompido y Lepe– quedan abandonados en mayor medida debido a la necesidad que hay en Cartaya. Los Guardias Civiles de ambas demarcaciones no pueden vigilar los núcleos urbanos y es algo que ocurre también en La Antilla, Punta Umbría o en Nuevo Portil.
Como ya denunciamos, no sirve de nada que el Ministerio del Interior publicite supuestos aumentos de plantilla en la zona costera de Huelva porque no es cierto. La problemática en el Puesto Principal de Cartaya es reiterada. No hay personal suficiente y el servicio de vigilancia y seguridad ciudadana depende del apoyo de las patrullas de otras localidades. Si la Guardia Civil tarda en llegar a un aviso en cualquiera de las localidades nombradas es posible que se deba a que también están realizando el servicio en Cartaya.
La Dirección General de la Guardia Civil no va a poner fin la sangría de efectivos que sufre Huelva y la única alternativa pasa por la reorganización territorial y funcional de las Unidades del Cuerpo. Llevamos años reclamándolo porque de este modo se podrían rentabilizar adecuadamente los escasos recursos humanos que ahora están dispersos y desorganizados en un modelo policial obsoleto. María Gámez también debería conocer que es necesario actualizar y modernizar los operativos para que podamos ofrecer el servicio que demanda la sociedad de Huelva de hoy en día.
